jueves, 27 de febrero de 2020

(España) Guerra entre la lobista del AVE a La Meca y el consorcio por la investigación de la Fiscalía

Las diligencias que instruye en secreto la Fiscalía Anticorrupción sobre el contrato del AVE Meca-Medina han permitido descubrir que las 12 compañías españolas que se adjudicaron la infraestructura en 2011 han seguido pagando hasta ahora a Shahpari Azam Zanganeh, la lobista iraní a la que recurrieron para asegurarse una interlocución directa con las autoridades de Arabia Saudí. Las empresas pactaron con Zanganeh que le abonarían hasta 134 millones de euros si conseguía que les dieran el proyecto, como terminó ocurriendo. Sin embargo, la contraprestación se abonaría a plazos, a medida que avanzara la ejecución de las obras.

Ahí es donde han surgido problemas, según han confirmado a El Confidencial fuentes empresariales. Las pesquisas del Ministerio Público han provocado que algunas de las compañías del proyecto suspendan las transferencias a Zanganeh alegando que las diligencias de la Fiscalía arrojan dudas sobre su actuación y podrían dañar su propia imagen. Una de las empresas que han congelado los pagos es Siemens Rail Automation, que ya ha remitido a la Fiscalía toda la documentación que tiene sobre su relación con la intermediaria. Ni la compañía ni el consorcio quisieron ayer comentar la información

El Ministerio Público también se ha dirigido al resto de adjudicatarias para que aporten las facturas emitidas por la mercantil de Zanganeh, aclaren cómo entraron en contacto con ella y detallen cuáles son los servicios que ha prestado exactamente. Completan la lista Adif, Cobra, Consultrans, Copasa, Imathia, Indra, Ineco, OHL, Renfe, Talgo y Abengoa Inabensa. Aunque se agrupan en una entidad con personalidad jurídica propia, Consorcio Español Alta Velocidad Meca Medina (CEAVMM), el acuerdo con la lobista fue firmado presuntamente por todas las compañías a título individual. El CEAVMM ha sido igualmente requerido por la Fiscalía y ha aportado información. Pero el grueso de la posible responsabilidad penal que se derive del procedimiento recae directamente en las constructoras e ingenierías que acordaron con la empresaria retribuirla por sus gestiones con el 2% de los 6.736 millones de euros del contrato.

La suspensión de los pagos no ha hecho gracia a Zanganeh, que fue interrogada por Anticorrupción en Madrid el pasado julio para conocer de primera mano en qué había consistido su papel, como desveló este diario este miércoles. La testigo defendió que su labor había sido completamente legal, que prestaba el mismo servicio a multinacionales de otros países y que podía demostrar que gran parte de los fondos que había recibido del consorcio habían ido destinados a pagar a proveedores que habían colaborado con ella en el proyecto. En las semanas siguientes a su declaración, sus abogados en España entregaron facturas a la Fiscalía para tratar de demostrar que había contado la verdad. ->>Vea más...

FUENTE:  Con información de JOSÉ MARÍA OLMO - BEATRIZ PARERA – El Confidencial
 

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