La adjudicación de la obra se hizo en 1993, y el contrato se formalizó dos años después por un valor de $33.616 millones. Para esa época el Congreso de la República expidió una ley en la cual las personas naturales o jurídicas que suscribieran contratos de obras públicas debían pagar el 5% del valor total del contrato.
En el año 2000 el contrato fue liquidado y se interpuso una demanda ante el Tribunal Administrativo del Magdalena, que en 2011 ordenó a Odebrecht pagar la millonaria suma.
El litigio llegó al Consejo de Estado, que determinó que la demanda debió presentarse en un máximo de dos años después de la liquidación del contrato, por lo tanto Odebrecht no tiene que pagar ninguna contribución.
FUENTE: Con información de Caracol Radio