Una empresa que se creó “principalmente para la compra y venta de pan, helados y bocadillos” sumó más de $1 millón en construcciones municipales en Penonomé, La Pintada, Antón y Natá. Las obras fueron pagadas con fondos de la descentralización.Se trata de Grupo Gali, que obtuvo varios contratos para construir canchas de juegos, paradas de buses, acueductos y remodelar parques, capillas y cementerios.
Por ejemplo, Grupo Gali construyó seis paradas de buses por más de $28 mil en Penonomé, que presentan deterioros prematuros ni cuentan con el cableado necesario para dotarlas de luz, a pesar de que se pidió que tuvieran lámparas.
Hace más de dos años fue contratada por el Municipio de La Pintada para construir dos pozos de agua en las comunidades de Villalobos y Orarí para beneficiar a mil personas, pero la obra tiene un avance del 50%. El trabajo debió durar 40 días.
En Panamá Compras no aparecen adendas de tiempo ni justificación por la demora. La hoy ex alcaldesa de La Pintada Ina Rodríguez desatendió una solicitud de información que hizo este medio a través de la Ley de Transparencia, en abril de 2019.
De Grupo Gali es suscriptor, tesorero y director José “Gaby” Carrizo, vicepresidente de la República, quien no atendió reiteradas peticiones de entrevista, al igual que su hermano José Guillermo, apoderado legal de la empresa.
Un negocio llamado descentralización
No habían transcurrido cuatro meses cuando la pintura de una cancha de juegos –a un costo de $ 28 mil, pagados al Grupo Gali con fondos de la descentralización– empezó a desprenderse en la escuela primaria Jacinta Arosemena de Morán, en Penonomé.
Este contrato con Grupo Gali es parte de 13 contratos –por un monto acumulado de $750 mil– otorgados entre 2017 y 2018 y que recibió, como mínimo, de parte del Municipio de Penonomé, según datos extraídos del sitio web de la Contraloría.
Sin embargo, solo ocho de ellos fueron reportados por la Oficina de Descentralización de ese municipio a este medio, que desde noviembre de 2018 le había solicitado la información sobre éstos.
Desde que en 2016 entró en vigor la Ley de Descentralización, alcaldías y juntas comunales reciben fondos generados por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y el Programa de Obras Públicas y Servicios Municipales (Piopsm).
Durante siete meses, La Prensa investigó si, en efecto, las inversiones solicitadas por las comunidades se realizaron a conformidad; su estado actual y qué empresas fueron favorecidas con los contratos de los proyectos. ->>Vea más...
FUENTE: Con información de Agencias - noticias24pty.com
