“Todo esto, con la posible finalidad de declarar ilegales los audios que no son ilegales, para que pierdan su valor probatorio en las investigaciones en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, la Corte Suprema y la misma Fiscalía”, comenta el periodista.
Las presiones, según Ákerman, vendrían del despacho del fiscal Daniel Ricardo Hernández Martínez, quien adelanta una investigación que busca determinar por qué se interceptó por error a 4 policías cuando se estaban grabando las conversaciones de José ‘Ñeñe’ Hernández (las mismas que revelaron la llamada ‘Ñeñepolítica’) en una investigación por homicidio que se adelantaba contra el polémico ganadero.
Según el columnista, analistas e investigadores de la Dijin, que hicieron el análisis de los audios recién mencionados, fueron citados el pasado 17 de marzo a la oficina de ese funcionario y luego de esa diligencia, “varios de ellos presentaron quejas ante la Procuraduría General de la Nación y denuncias penales por hostigamiento de parte del fiscal Hernández”.
Incluso, el periodista asevera que antes de su comparecencia ante el fiscal Hernández, “cuando la Fiscalía descubrió que los informes [de las interceptaciones al ‘Ñeñe’] terminaron en los medios de comunicación fue que empezó una primera cacería de brujas en contra de los investigadores” a quienes, añade, les hicieron “pruebas de polígrafo y otras presiones para que dijeran cómo se habían filtrado esos audios que la Fiscalía quería esconder”.
En esto último coincide María Jimena Duzán en su columna de la revista Semana, donde indica que la Fiscalía General de la Nación “está es investigando a los agentes de la Dijin que grabaron los audios”.
Cabe recordar que el pasado 14 de marzo el fiscal general, Francisco Barbosa, dijo que la entidad a su cargo había recuperado las famosas conversaciones grabadas al ‘Ñeñe’, pues “jamás, ni el director de la Policía Nacional, ni el director de la Dijin me informaron que tenían esos audios”.
Sin embargo, al día siguiente, Noticias Uno publicó unos documentos que comprobarían que la Policía sí informó a la Fiscalía sobre esas grabaciones.
Con esto último se volvió a la polémica, que también menciona Akerman en su columna, sobre el conocimiento que la Fiscalía habría tenido del contenido de esas interceptaciones desde el 2019, mucho antes que se empezaran a filtrar a la prensa desde el pasado mes de marzo.
FUENTE: Con información de Pulzo