miércoles, 1 de abril de 2020

EE.UU. plantea gobierno de transición sin Maduro ni Guaidó

La Casa Blanca recupera una propuesta de 2019 para tratar de impulsar una transición política en Venezuela. Este martes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, presentó el documento «Marco Democrático para Venezuela», que revela las intenciones de Washington de retirar las sanciones que ha impuesto al gobierno de Venezuela, a su industria petrolera y a individualidades.

Cuando la propuesta fue hecha en 2019 en el marco de las negociaciones en Barbados auspiciadas por Noruega, Maduro optó por pararse de la mesa. Pero ahora la situación económica es peor, el Estado se ha quedado sin opciones de financiamiento y con ingresos muy precarios (el petróleo se cotiza incluso por debajo del costo de producción y la extracción está disminuida); y Nicolás Maduro y otros han sido acusados formalmente por narcoterrorismo.

La propuesta establece la creación de un «Consejo de Estado» que asuma las riendas de la nación, con participación tanto del chavismo como de la oposición, y sin Juan Guaidó al frente, a pesar de que Pompeo afirmó que siguen respaldando al presidente del parlamento como «presidente encargado», pero que en beneficio de las salidas políticas, sería necesario que se haga a un lado.

Tanto Pompeo como Elliot Abrams, el enviado de la Casa Blanca para el tema venezolano, insistieron en que siguen apoyando a Guaidó, «el político más popular de Venezuela» que seguramente ganará cualquier elección próxima en el país.

La propuesta de Estados Unidos dicta la realización de elecciones simultáneas a la Asamblea Nacional y a la Presidencia de la República en un plazo de 6 a 12 meses, sin inhabilitaciones ni impedimentos más que los establecidos en la constitución vigente. En ese escenario, quien ocupe el cargo de presidente interino, como cabeza de ese Consejo de Estado, no podrá postularse a la Presidencia. Por ello, Guaidó quedaría por fuera de esa estructura para garantizar su posibilidad de lanzar su candidatura en el siguiente escenario.

El documento de 14 puntos publicado por el Departamento de Estado, además de dos garantías, establece que desde la Asamblea Nacional se cree un «Consejo de Estado» que asuma el poder ejecutivo, y cuyos cuatro integrantes sean escogidos por los partidos o coalición de partidos con un 25% de miembros del parlamento: uno de ellos forzosamente debe ser gobernador de un estado y ninguno podrá ser integrante poder legislativo o del judicial.

Un quinto miembro sería buscado por los miembros del mismo Consejo para nombrarlo Presidente Interino del país «hasta que haya elecciones y a quien no se le permite presentarse como candidato a la elección a la presidencia». Entonces Estados Unidos retiraría sanciones a integrantes del actual poder ejecutivo, incluyendo a Maduro, además de al resto de las estructuras de gobierno y a la estatal Petróleos de Venezuela.

También se establece el retorno de todos los diputados en el exilio, la restauración de la inmunidad parlamentaria, la eliminación del «desacato» de la Asamblea Nacional y la disolución de la Asamblea Constituyente que impuso Maduro. Además, habría que liberar a todos los presos políticos. Las sanciones a los «constituyentistas» serían levantadas.

La propuesta establece que desde el parlamento se nombrarían nuevas autoridades electorales y judiciales, por acuerdo político. La Casa Blanca se compromete a eliminar las sanciones contra quienes han formado parte de esos organismos. Como parte de las garantías, Washington propone que el actual Alto Mando Militar se mantenga vigente, a cuyos miembros se les retirarían las sanciones personales.

Amnistía
El documento también propone la creación de una Comisión de la Verdad y la Reconciliación con el objetivo de investigar actos de violencia graves ocurridos desde 1999, conformada por miembros nombrados por el Secretario General de las Naciones Unidas. Ello se combinaría con una Ley de Amnistía nacional, que cubra todos los delitos de carácter político desde 1999, excepto los crímenes de lesa humanidad. A cambio, Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú retiran su apoyo a la demanda que cursa ante la Corte Penal Internacional.

La noche del lunes, en una entrevista televisada transmitida en Miami, Juan Guaidó hacía referencia a la propuesta del Consejo de Estado, y descartaba que personas acusadas por narcotráfico, terrorismo, corrupción o violación de derechos humanos puedan participar en la instancia que guiaría un «Gobierno de Emergencia».

La respuesta del chavismo
«Hay algo práctico en esto, no solo un tema político. Necesitamos recibir un préstamo internacional, ¿quién le prestaría a un malpagador, a un violador de derechos humanos o a un narcotraficante? Nadie», dijo el también presidente de la Asamblea Nacional

Pero en el chavismo gobernante dicen no querer ni sopesar la propuesta. El canciller Jorge Arreaza respondió a Pompeo afirmando que las decisiones de Venezuela se toman en el Palacio de Miraflores y no en la Casa Blanca. «No estamos tutelados ni por Washington ni por otra capital. Ellos pierden su tiempo en su laberinto. Nosotros somos un país soberano, las sanciones son ilegales, van contra la carta de las Naciones Unidas».

FUENTE: Con información de Victor Amaya - larazon.es
 

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