El texto, que reconoce la alianza privilegiada entre Estados Unidos y Colombia, recuerda que los equipos de Estados Unidos no pueden ser usados para vigilancias ilegales y demanda de las autoridades del gobierno de ese país claridad sobre lo acontecido. No es poca cosa lo que pide.
El reporte del Departamento de Estado deberá entregar en un plazo máximo de 120 días desde la aprobación del Acto un informe que determine si la ayuda fue utilizada con propósitos ilegales ¡desde 2002! Se pondrá la lupa así a los dos periodos de Uribe y se otorgará un especial interés a los dos últimos años. ¿Quién lo hizo? ¿A quién reportó? ¿Quién dio la orden? Esas son algunas de las preguntas que se deberán contestar. No sobra recordar que el balance de fuerzas en Estados Unidos podrá cambiar de manera radical este próximo noviembre.
Y la cosa se pone peor para el gobierno colombiano porque las exigencias de la Cámara de Representantes van más allá. El reporte también deberá analizar si la actual doctrina militar está en condiciones de asegurar operaciones de inteligencia en conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos. No hay nada que las fuerzas militares rechacen más que una polémica en torno de su doctrina militar. No quisieron abrir la discusión con los colombianos; tocará ahora que den cuentas de la doctrina en inglés. ->>Vea más...
FUENTE: Artículo de Opinión - lalineadelmedio.com
