lunes, 3 de agosto de 2020

(Colombia) “¿Hubo ‘triangulación’ en la campaña presidencial?”

El magistrado del Consejo Electoral Luis Guillermo Pérez le presentó hace unos días un documento a esa corporación en que, basado en las cuentas oficiales de la campaña presidencial de Iván Duque y de su partido, el Centro Democrático en el año de la elección, 2018, pide investigar posibles violaciones a la ley en el traspaso de dineros de un lado para otro, en los topes establecidos y en la recepción de donaciones de personas o empresas extranjeras, entre otros puntos.

El miembro del Consejo Electoral Renato Contreras anunció la apertura de investigación a la campaña del senador Petro después de encontrar que tres funcionarios públicos le hicieron aportes siendo que está prohibido que los servidores estatales lo hagan. Sin embargo, debido a las pequeñas cantidades donadas, el excandidato y sus seguidores hablaban de “persecución política”: una fue de $95 mil; otra, de $120 mil, y la tercera, de $150 mil. En total $365 mil. ¿Cree que las críticas tienen fundamento?

En dos artículos de la Ley 1475, que regula los procesos electorales, se prohíbe que quien desempeñe una función pública contribuya a financiar partidos, movimientos o candidatos. Eso en cuanto a la pregunta sobre los aportes. En cuanto a las críticas, estas tienen fundamento cuando se compulsan copias para que la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General investiguen sin que haya mediado un análisis previo en el Consejo ni se hayan establecido o descartado las eventuales responsabilidades. Lo reprochable es que se hayan compulsado copias: la acción penal debe ser siempre la última ratio (solo cuando es indispensable).

Pese a lo que diga la ley, los montos donados y las personas anónimas y sin ningún poder que los hicieron hacen ver ridícula esa “investigación”. ¿Usted cree que una maestra de escuela pública dona $95 mil con la pretensión de torcer un proceso electoral presidencial?

Ciertamente uno no puede presumir que todos los ciudadanos conocen la ley. Incluso, a veces, la ignoran hasta algunos altos funcionarios y muchos elegidos. Pero lo fundamental es que cuando se examine la norma, se interprete si efectivamente hubo voluntad de ocasionar un daño antijurídico y si el acto en que se incurrió tuvo impacto en el equilibrio democrático de las campañas. En cuanto a la investigación concreta por la que pregunta, no puede anticipar nada porque la discusión no ha llegado a la Sala.

En su primera respuesta usted insinúa que el consejero que anunció la investigación a la campaña Petro también compulsó copias a la Corte y a la Fiscalía para que investigaran penalmente al excandidato y a los empleados que donaron. ¿Lo hizo?

Sí. Hasta el colega del magistrado Renato Contreras, Pedro Felipe Gutiérrez, del Centro Democrático, reprochó que él hubiera compulsado copias. También se lo había advertido, porque me parecía que su decisión podía llevar a que se le hicieran muchas críticas al Consejo Electoral y a restarle legitimidad a la tarea que venimos haciendo en la corporación. Además, hay que tener consideración con la administración de justicia para no congestionarla con asuntos que podrían no merecerlo.

El consejero Contreras, quien también fue postulado por el uribismo, aseguró que la decisión sobre la campaña Petro fue consultada con la Sala Plena y que se aprobó por unanimidad.

El magistrado Contreras asaltó la buena fe de la corporación. Ha sido una costumbre que los temas de trascendencia nacional se debatan en Sala Plena y se nombren comisiones de dos o tres magistrados para que instruyan un expediente. Él pasó este caso entre muchas aperturas de investigaciones corrientes en que se leen números, no se relacionan casos. Esto ocurre así porque en el Consejo Electoral hay miles de procesos y es necesario avanzar y ser eficientes. También se parte de la confianza entre colegas. Para mí fue una sorpresa ese anuncio. ->>Vea más...

FUENTE: Con información de Cecilia Orozco Tascón - El Espectador
 

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