De Mario Paciolla, el italiano que laboraba como oficial de terreno de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en San Vicente del Caguán, no queda vestigio alguno. Sin la presencia de funcionarios de la Fiscalía General o de policía judicial colombianos, las pertenencias del voluntario fueron recogidas el 16 de julio, un día después de su muerte, por un equipo de la Unidad de Investigaciones Especiales (SIU) del Departamento de Salvaguarda y Seguridad de la ONU.
Los miembros de la ONU limpiaron el lugar donde vivía Paciolla, recogieron sus efectos personales y devolvieron las llaves al dueño, Diego Hernández, el 17 de julio. Hernández firmó un recibo del inmueble a satisfacción sin siquiera leerlo y se deshizo de los pocos enseres que le había prestado al voluntario. Según él, sólo quería “pasar la página” de la muerte de Paciolla, con quien mantenía un contrato verbal desde hacía 13 meses, y casi de inmediato puso el apartamento en alquiler.
De esta manera, tan sólo dos días después del fallecimiento, se perdió toda posibilidad física de reconstruir las circunstancias en las que murió el italiano, o de recolectar con la debida cadena de custodia aquellas evidencias materiales no tenidas en cuenta durante el levantamiento del cadáver.
Asimismo, la Misión ordenó la evacuación hacia Florencia de todo el personal que laboraba en su hub de San Vicente, incluidos la jefa de la Oficina, el oficial de Seguridad, las voluntarias y los observadores militares y policiales, dos de los cuales se encontraban fuera del país desde antes de los hechos.
Algo similar sucedió con el personal de la Oficina Regional (OR) en Florencia, donde a la fecha sólo quedan el director y varios observadores militares y policiales. En todo el país, la Misión anunció que otorgaría bajas médicas y permisos a los voluntarios que lo solicitaran (tal y como Mario Paciolla reclamó durante la pandemia), y puso a su disposición un equipo de expertos en manejo de crisis y apoyo psicosocial.
El mismo 17 de julio, la Misión envió a Florencia a Jaime Hernán Pedraza Liévano, jefe de su Unidad Médica, quien pese a no ser legista estuvo presente en la autopsia de Paciolla realizada por el Instituto de Medicina Legal en la capital del Caquetá. La autorización para la presencia de Pedraza fue firmada por la familia del verificador, a la que erróneamente se le dijo que sería un médico forense asignado por la Embajada de Italia en Colombia.
El 24 de julio, la ONU envió a Roma junto al cuerpo de Paciolla un inventario sin firma alguna de las cosas recolectadas en la residencia de éste en San Vicente del Caguán, y le informó a la familia Paciolla que éstas se encontraban bloqueadas en Colombia por orden de la Fiscalía, entidad que este jueves 30 de julio logró el levantamiento de la inmunidad para los elementos digitales de propiedad de la Misión que habían sido asignados a Mario.
A estas acciones que según el abogado de la familia Paciolla Motta, Germán Romero, implican la vulneración por parte de la ONU de los derechos a la intimidad y la privacidad del voluntario y del derecho de acceso a la justicia de la familia, se suma una serie de mensajes que han reforzado la sensación de silenciamiento al interior de la Misión y que, pese a las disposiciones institucionales de apoyo, han impedido en la práctica realizar el duelo en forma apropiada a varios de los compañeros de Mario, quienes se han visto imposibilitados para hablar abiertamente de sus temores o dudas frente a lo sucedido con su compañero fallecido en la madrugada del 15 de julio. ->>Vea más...
FUENTE: Con información de El Espectador
