En ambos casos se presume que existe la participación del crimen organizado. En el proceso contra Martelo, la Fiscalía de Drogas logró la imputación por posesión agravada de drogas y modificación de la estructura (automóvil). Durante la audiencia de imputación de Martelo, la fiscal de Drogas detalló la forma en que operan las redes criminales vinculadas al tráfico de drogas, dando a entender que el exgobernador no había actuado solo.
En el segundo caso fue la Policía Nacional quien detectó lo que parece el primer eslabón de una red más compleja.
No obstante, los pronunciamientos del colectivo gobernante, de la dirigencia del Partido Revolucionario Demmocrático, han sido tímidos, o nulos en el caso de Henríquez.
Estos asuntos, aunque en nuestro país se escuchen como escándalos pasajeros, en muchos países donde los poderes ilegales han penetrado con más fuerza la clase política, refieren su origen en la financiación de las campañas políticas y la poca o nula filtración de los candidatos por parte de los colectivos que los postulan a puestos de elección popular, o aquellos que están llamados a tomar decisiones colectivas.
En general, las elecciones primarias para esos puestos las dominan quienes más plata tienen para las campañas. En otros países estas elecciones están reguladas con topes de gastos y financiamiento.
El dinero, al ser clave para llegar al poder, se convierte en una llave para el crimen organizado y penetrar los sistemas de elección. A las bandas les atrae el dominio territorial, la capacidad de presionar a la población para emitir el voto que favorezca a cierto candidato, e intimidar a los contrincantes políticos de quien han decidido apoyar.
A cambio se aseguran de recibir protección e impunidad o asistencia económica y apoyo a las familias de las bandas. Ese es su origen. De ahí se deriva el uso de algunos cargos públicos para influir en sus decisiones en las bases de la población.
Las bandas más complejas o estructuradas controlan niveles de mando de organismos de seguridad o relaciones con líderes políticos de jurisdicción nacional. Se adueñan del control del territorio, perímetros de seguridad cuya población en coyunturas electorales es proveedora de votos para asegurar escaños políticos.
Entre otras cosas, los poderes ilegales usan a los políticos para legalizar sus empresas que les sirven de fachada para introducir el dinero en el mercado, o sistema financiero. Además, reciben apoyo de los políticos para neutralizar los efectos de los estamentos de seguridad.
Los partidos tienden a tolerar estos comportamientos, miran para otro lado, porque al final suman votos, se consolidan electoralmente, permitiendo así el escalamiento de la delincuencia en detrimento de la democracia, la sociedad y la seguridad del país.
Anteriormente hemos visto muestras de esta situación en otros cargos. Recordemos el incidente de 2016 cuando Rubén De León, presidente del Órgano Legislativo, solicitó a sus colegas devolver las placas de sus autos luego de que se detuviera a un hombre que transportaba droga en una camioneta que tenía una placa a nombre de un diputado de la Asamblea Nacional.
Si bien se presume la inocencia de ambos casos mencionados arriba, se trata de presuntos delitos graves que merecen un análisis más detenido sobre la influencia de los grupos criminales en el poder, y la simbiosis que surge entre ambos en momentos pre y postelectorales.
Este medio intentó contactar al menos a cuatro miembros del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) para conocer si se tomarían acciones internas, o si se pronunciarían al respecto, pero fue inútil. ->>Vea más...
FUENTE: Con información de Adelita Coriat - La Estrella de Panamá
