Otros pretenden rescatar una herencia diferente: su política migratoria, tildándola de histórica en la región. Cuando se expidió el Estatuto Temporal para Migrantes se prendió un aplausómetro automático: “cuánta generosidad”; “es una lección de paz”. Ni lo uno, ni lo otro. El tema del presidente con los venezolanos es una cuestión de estrategia, pragmatismo y mucha incoherencia.
Dos altas fuentes confirman que el afán del mandatario por hacerse a la fama del gran protector de los migrantes en Colombia proviene de su interés de ser nombrado presidente de la Organización Internacional de Migrantes (OIM) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El plan es recoger apoyos en sus múltiples viajes internacionales y asegurarse el puesto en 2023, cuando el cargo quedará libre y Duque también, listo para entrar de nuevo a la burocracia internacional. Pero ya no por la puerta de atrás, por donde salió cuando era un cargamaletas en el BID, sino por delante, sentado en una silla más rimbombante.
Además, sin considerar la verdadera motivación del aplaudido estatuto, su expedición es la consecuencia lógica ⎯casi inevitable⎯ de una política pública que viene del gobierno pasado y a la cual Santos accedió por cuenta de las presiones de organizaciones internacionales.
En efecto, el Estado colombiano hizo bien en escuchar a ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, y a otras organizaciones tras la desbordante llegada de personas venezolanas al país. Desde Santos se han impulsado distintos tipos de estrategias de las cuales se desprende la casi obvia y necesaria expedición del decreto de este gobierno. Pasamos del permiso especial de permanencia al registro masivo de venezolanos, a estatutos diferenciados (entre niños, estudiantes, emprendedores…) hasta llegar al sistema actual. La acogida en el papel a la población venezolana no se la inventó Duque y tal vez lo único que debemos agradecer es que no echó para atrás lo que venía bien desde antes, como hizo con tantos otros asuntos.
Además, y a pesar del estatuto, lo cierto es que Duque ha acudido sin sonrojarse a la xenofobia para defender atrocidades. Así lo hizo en 2019 cuando expulsó ilegalmente a 59 venezolanos al culparlos, sin aparente prueba, de causar desmanes en las manifestaciones. La Corte Constitucional acaba de declarar la violación de derechos humanos en el caso, pero como ya es costumbre en este gobierno, la sentencia llega cuando el daño está hecho. En ese entonces, ministros y funcionarios salieron a repartir veneno mediante la fácil fórmula de adjudicar a los extranjeros la violencia que ellos mismos ejercieron sobre la ciudadanía. Las expulsiones discrecionales, peligrosas por la falta de control que recae sobre ellas, pasaron del 16 al 94 por ciento en tiempos de Duque. ->>Vea más...
FUENTE: Artículo de Opinión – Los Danieles
