Uno esperaría que el presidente, a la vez que se da palmaditas en la espalda por la cifra mencionada, también reconociera todo lo que falta y no se ha hecho para cerrar la brecha social. Como se hubiera esperado que en lugar de felicitarlo, le hubiera llamado la atención a su comandante del Ejército por sus destempladas declaraciones políticas. De la misma manera que, en una democracia que respeta sus propias reglas, la Procuraduría hubiera por lo menos amonestado al presidente por sus reiterados vainazos indirectos a Petro en plena campaña electoral.
La norma es, en realidad, bastante absurda. Que un jefe de Estado no pueda hablar de política interna durante una campaña electoral es una prohibición ilusa y muy colombiana. No existe en Estados Unidos ni en Francia y casi en ningún país, que yo sepa. Pero aquí es norma constitucional y en el “espíritu de la ley” las repetidas alusiones de Duque al candidato Petro ameritaban algún jalón de orejas. “Dura lex sed lex” como dicen los entendidos.
Otra cosa muy distinta es que la burocracia se dedique a hacer política en periodo electoral, o que se utilice el presupuesto nacional para favorecer a sectores políticos afines. Fue desfachatada en este sentido la forma como el Gobierno pretendió socavar su propia ley de garantías al propiciar, con la aprobación sumisa del Congreso, la “jugadita” que suspendía la prohibición a alcaldes y gobernadores para firmar contratos públicos durante el proceso electoral. La Corte Constitucional tumbó la descarada iniciativa, pero mientras la estudiaba se otorgaron más de 600 contratos por más de tres billones de pesos, que ahora deben anularse. No quiero ni pensar en cuál será el costo de las demandas que de aquí se desprenderán. Solo sé que los “paganinis” no serán Duque, su gabinete, ni los congresistas que a sabiendas de que no era exequible pupitrearon la jugada. Será el erario público. O sea, todos nosotros.
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En este país de paradojas y contrastes, de fiestas y funerales, en medio de noticias sobre infanticidios y feminicidos se divulgan datos que sorprenden por lo positivos. Por ejemplo, el de que las muertes violentas han disminuido de manera significativa en los últimos treintaaños. Según estadísticas de minDefensa la tasa de homicidios en este periodo (1990 a 2021) cayó de 71.2 a 27.7 por cada cien mil habitantes. Un avance notable que, en perspectiva histórica, avala el desempeño de la fuerza pública y reivindica los procesos de paz.
De mantenerse esta tendencia el gobierno de Duque terminaría con la rata más baja de homicidios de los últimos ocho periodos presidenciales. Pueda ser porque, excluyendo la caída homicidios, la situación general de violencia es hoy dramática. Hablo de las víctimas de minas, artefactos explosivos, desapariciones, desplazamientos forzados, amenazas, atentados, extorsiones y demás “dinámicas asociadas a la violencia armada", como las califica Naciones Unidas, que estima que han afectado a más de 270 mil personas en el primer trimestre de este año. Para no hablar de que el asesinato de líderes sociales aumentó cuarenta por ciento en el mismo periodo. ->>Vea más...
FUENTE: Artículo de Opinión – Los Danieles
