Por: Ana Bejarano Ricaurte - Fue abucheado Iván Duque en su último discurso como presidente ante el
Congreso de la República. Lo llamaron mentiroso cuando afirmó que dejaba el
acuerdo de paz en mejores condiciones, y a ciencia cierta sí que lo es.
Duque hizo todo lo posible por destruir la implementación exitosa de la paz,
y una prueba fehaciente de ello es un decreto que pasó desapercibido entre
el maremágnum político de la semana que concluye. El nuevo esfuerzo por
acabar con los acuerdos viene ahora en forma de economía naranja.
¿Cuántas horas hemos dedicado a ridiculizar la economía naranja de Iván
Duque? Símbolo perfecto de su intrascendencia, de la pequeñez y mezquindad
de su mandato. Fue lo poco que trajo a la Presidencia. Un discurso vacío que
nadie sabe muy bien qué significa, pero que se sustenta en conceptos
aparentemente atractivos, novedosos, y a la postre no lo son. Hasta escribió
un libro. Y, por supuesto, fue la fuente de innumerables burlas y
viralizaciones ridículas del presidente explicando lo que ya existe hace
rato y es el impulso de las artes y la tecnología como factor de crecimiento
empresarial y social. Cómo olvidar su célebre aparición de los siete
enanitos. Era gracioso por lo pomposo y fantasioso, pero ante todo porque
Duque piensa que descubrió una teoría económica revolucionaria cuando
simplemente pintó de naranja cosas que hace rato se saben.
Pero como ya es costumbre en este gobierno —al que afortunadamente le quedan solo catorce días—, mientras nosotros reímos ellos se encargan de hacer de las suyas en la oscuridad. Ahora el inocuo discurso de la economía naranja le sirvió también para perfeccionar su empresa de destruir y vaciar los acuerdos de paz.
Como resultado del proceso de justicia transicional con las FARC se reconoció la existencia de zonas abandonadas por el Estado que permanecen en enorme pobreza y su población desprovista de derechos y garantías. La desidia conduce a que esos territorios sean más fácilmente cooptables por economías ilegales, porque de qué más van a vivir. Atender estos lugares a donde no ha llegado el Estado sino a dar bala ocasionalmente es tanto un compromiso con los derechos humanos como un asunto de pragmatismo: dejar a los narcos y grupos armados sin tanto terreno en donde sembrar su veneno.
Se les llamó ZOMAC (Zonas Más Afectadas por el Conflicto) y PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial). Al reconocerlos en la ley el Estado admite que ha sido insuficiente, indolente y que ha cohonestado con la guerra. En torno a ellos se estructuraron todo tipo de beneficios para asegurar su verdadero rescate y surgimiento. Uno de estos fue el concepto de obras por impuestos. Tal mecanismo tributario permite que los empresarios paguen hasta el cincuenta por ciento de su impuesto a la renta y complementarios por medio de proyectos de inversión en esos lugares priorizados. Así se impulsa al empresariado a llevar desarrollo y bienestar a donde solo ha llegado el conflicto.
Semejante beneficio tributario resulta demasiado jugoso para ser desaprovechado por la gavilla garosa de Duque. Por eso el pasado 18 de julio fue emitido el Decreto 1208 del Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, que extendió esos beneficios tributarios para las Áreas de Desarrollo Naranja (ADN).
En un gesto de sorprendente independencia, la Procuraduría ya había advertido su preocupación sobre la posible irregular extensión de beneficios tributarios en un comunicado de mayo, y señaló que la iniciativa implicaría “una afectación a la construcción de paz”, pues los recursos que iban para las ZOMAC se verían estructuralmente reducidos. Y claro que así es porque resultará más fácil ahora para los empresarios obtener la gabela de las obras por impuestos, no tendrán que llegar a los municipios apartados y olvidados sino a los entuertos creados por Duque donde ocurre el “desarrollo naranja”, que no es más que colectivos de artistas y emprendedores, mayoritariamente ubicados en las grandes urbes. ->>Vea más...
FUENTE: Artículo de Opinión – Los Danieles