“Negligencia de Molina causa perjuicio estatal”, tituló PA ayer a seis columnas.
“Jorge Molina, socio de la firma IGRA y directivo de La Prensa, fue el representante legal de ASEP en un litigio en el que La Mina Hydro-Power Corp. demandó al Estado por retirarle una concesión hidroeléctrica”, anunció el subtítulo de la noticia.
En los últimos meses, este diario documentó diversos escándalos de corrupción que afectan directamente a altos miembros de la administración de Ricardo Martinelli, así como a allegados y familiares del mandatario y sus ministros.
Entre estas investigaciones están las titulaciones en Juan Hombrón y de un relleno en Paitilla; la contratación de familiares en el programa “Mi primer empleo”; las comisiones pagadas a terceros por los radares de Finmeccanica, y –más recientemente– el respaldo del Gabinete a IBT Medical Outsoursing, una sociedad que no existía ni en el Registro Público cuando “ganó” la licitación para suministrar equipos y servicios a la Caja de Seguro Social.
“La Prensa no se dejará intimidar por estos ataques y mucho menos perderá el enfoque de las investigaciones que se adelantan, que son la razón evidente por la forma de actuar contra sus directivos”, declaró Luis Navarro, presidente de Corprensa.
Roberto Eisenmann, presidente fundador de este diario, observó que la relación de Martinelli con los medios de comunicación es muy similar a la que tenía el exdictador Manuel Antonio Noriega, aunque el Presidente lo niegue.
“Él [Martinelli] sostiene que no hay ni un periodista demandado ni medios cerrados. Aquí todo el mundo dice lo que quiere, pero amenazado. La amenaza está presente todos los días”, remarcó.
Jorge Molina negó lo publicado por PA. “La información no solo es falsa y abiertamente tendenciosa, sino que no tiene relación alguna con mi participación como miembro de la junta directiva de La Prensa”, señaló.
La Prensa ´es varelista´
El 14 de septiembre pasado –15 días después de que Martinelli rompiera la alianza con el Partido Panameñista–, Navarro y Molina fueron citados al Palacio de las Garzas y recibidos por Demetrio Papadimitriu y María Fábrega, ministro y viceministra de la Presidencia, respectivamente.
Airadamente, Papadimitriu y Fábrega reclamaron por las noticias que hacía el periódico. Les molestó que ese día no se informara de la venta de un terreno en Chilibre –proceso que según ellos está vinculado a Juan Carlos Varela–, pero sí se dedicara la portada a dos notas: la titulación de tierras a favor de Ricardo Chanis –directivo de la estatal Caja de Ahorros y presidente de PA– y sobre la presencia en Panamá del prófugo de la justicia italiana Valter Lavítola.
“La Prensa se ha vuelto varelista”, acusó Papadimitriu. Al final de la reunión llegó Martinelli. Les dijo que quería tener una relación “cordial”, pero recordó desafiante que tenía medios de comunicación a su disposición para defenderse.
Más recientemente tanto el presidente de Corprensa, Luis Navarro, como la actual directora encargada de este diario, Lourdes de Obaldía, han recibido mensajes intimidatorios mediante “intermediarios” del Presidente, o comentarios de sus más cercanos colaboradores.
Cae la DGI
Castro & Berguido, la firma de la que es socio fundador el expresidente y exdirector de este diario, Fernando Berguido, lleva seis meses sujeta a una auditoría fiscal por parte de la Dirección General de Ingresos (DGI).
“El ánimo intimidatorio [de esta acción] es evidente”, declaró Berguido.
“Los auditores llegaron en julio, pidieron documentación, se les entregó y se fueron. Desaparecieron y volvieron. Pidieron cuanto registro y transacción se les ocurrió por un mes completo. Desaparecieron nuevamente. En octubre terminaron la auditoría. Hasta la fecha no han cerrado formalmente el procedimiento contra la firma a pesar de haberse llevado copia de todo lo que exigieron y de que la nuestra es una operación mínima en comparación con las que debería estar llevando a cabo la DGI”, resaltó Berguido.
En 2009, el comentarista televisivo Juan Carlos Tapia denunció igual táctica por sus comentarios críticos. Igualmente, el 22 de noviembre de 2010, los inspectores fiscales visitaron la empresa Omega Stereo, propiedad de Guillermo Antonio Adames, entonces presidente del Consejo Nacional de Periodismo (CNP). Días antes, en la columna “Knockout” que publicaba este diario, Adames criticó al Gobierno por sus constantes ataques a la libertad de expresión.
Los auditores también llegaron a las empresas de Abdul Waked, propietario de La Estrella. Ebrahim Asvat, que era el presidente de ese diario en aquella época, las calificó como “medidas de presión”. Asvat contó que desde el Ejecutivo pedían su renuncia. Eventualmente, dejó el cargo. “La actitud se torno ácida y respaldada por ministros del gobierno”, recordó.
El CNP y el Sindicato de Periodistas declararon un “frente permanente de alerta” ante lo que calificaron como “una embestida gubernamental contra la libertad de expresión”.
Otro medio que también llegó a recibir la visita de los agentes de la DGI fue Editora Panamá América (Epasa). Valga aclarar que esto ocurrió cuando la empresa todavía era propiedad de la familia Arias –y mantenía una posición vigilante hacia las acciones del Gobierno y no había sido vendida.
También está el caso del periodista español Paco Gómez Nadal, quien fue detenido el 26 de febrero pasado y deportado dos días después. En determinado momento, el Gobierno lo acusó de no pagar impuestos, lo que Gómez desmintió con pruebas. Pese a que desde 2007 tiene cédula panameña para extranjeros con permanencia indefinida, no podrá regresar hasta 2013.
Los ataques
El 21 de junio pasado, la ministra de Trabajo, Alma Cortés, amenazó al periodista de este diario Santiago Cumbrera, quien destapó varias anomalías en el programa “Mi primer empleo”.
“Cumbrera: ten cuidado conmigo, mi reputación no tiene precio”, advirtió la ministra en Telemetro.
“Respeto a quien me respeta, y él [Cumbrera] no está en esa lista”, agregó. Al otro día la ministra se disculpó.
El 26 de agosto, Cumbrera fue nuevamente amenazado. Esta vez por documentar irregularidades en el proceso de adjudicación gratuita de un relleno en la bahía de Panamá.
“Le advierto que los campesinos no vamos a aceptar que La Prensa con sus publicaciones haga que quiten la ley de Anati, porque nosotros queremos titular nuestras tierras... Tomaré otras acciones contra el periodista Santiago Cumbrera si no paran las publicaciones”, advirtió un desconocido, quien llamó telefónicamente al diario y se identificó como “un campesino”.
Luis Navarro informó a Martinelli de la llamada recibida y de que ello era inaceptable en una democracia. Jamás se ordenó una investigación oficial.
Las autoridades tampoco han investigado sobre el origen de las campañas anónimas que han aparecido en internet contra Cumbrera y las también periodistas de este diario Lina Vega y Mónica Palm.
El 15 y 17 de julio de 2010, personas no identificadas colgaron un video en Youtube en el que descalifican a Palm, aludiendo la filiación de su esposo con el opositor PRD. También en Youtube apareció un video el 28 de abril de 2011 que vincula a Vega con el PRD.
El 7 de diciembre pasado se divulgó en internet el audio de una supuesta conversación del secretario del PRD, Mitchell Doens, ilustrado con imágenes de Vega y Cumbrera, así como de dirigentes de oposición como Varela. A todos se les vincula con un supuesto plan para desviar la atención del arribo a Panamá de Noriega.
La falta de diligencia de los organismos de seguridad del Estado, como del Ministerio Público ante los ataques a los periodistas, contrasta con la rapidez con la que actuaron ante la sospecha de que la cuenta de correo de Papadimitriu fue supuestamente hackeada.
Apenas conocieron del hecho, los organismos de seguridad detuvieron a cuatro personas. Todos fueron liberados previo pago de fianza y enfrentan cargos por delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, y contra la seguridad jurídica informática.
El 17 de octubre, el Canal Plus –que maneja Alfredo Prieto, exsecretario de Comunicación de Martinelli– presentó a un supuesto exempleado de TVN que contó que en esa televisora “se venden noticias”. De Castalia Pascual, conductora de TVN Noticias, dijo que el gobierno de Martín Torrijos le pagó la cuenta médica cuando alumbró a su hijo.
Pascual es la misma que, días antes, entrevistó a una persona que admitió ser la coordinadora de un call center del Gobierno, formado para desacreditar y responder a los críticos de la gestión de Martinelli. El entrevistado de Pascual aportó correos en los que constaba su comunicación permanente con la Presidencia. El de Canal Plus, en cambio, no mostró una sola prueba que avalara sus señalamientos.
Mientras esto ocurría, en Lima, Perú, la asamblea general de la Sociedad Interamericana de Prensa consignó que los principales medios y periodistas de Panamá son objeto de algún tipo de amenaza (auditorías fiscales, ataques a través de redes sociales...). En la reunión se citaron los casos de Vega, Palm, Cumbrera, Pascual, Adames, Eduardo Lim Yueng, Siria Miranda y Álvaro Alvarado, entre otros.
Seguidamente, La Prensa, Mi Diario, Telemetro, RPC, TVN, KW Continente, RPC Radio y Omega se unieron en una campaña institucional para defender la libertad de expresión, bajo el lema “¡Basta ya!”.
ENFOQUE
´La Prensa´ no se dejará intimidar
Luis Navarro*
panorama@prensa.com
Opinión. En la medida en que las investigaciones y reportajes sobre el uso indebido de recurso del Estado y corrupción aumentan, así mismo aumenta la presión y el ataque a periodistas y miembros de la junta directiva de este medio.
La Prensa cumple su misión de investigar y reportar lo que sucede en nuestro país, como una herramienta que sirve a la población para promover la justicia, la transparencia y el uso adecuado de los bienes del Estado. A pesar de las amenazas y consecuencias detrás de esas amenazas, La Prensa no se dejará intimidar y mucho menos perderá el enfoque de las investigaciones que se adelantan, que son la razón evidente por la forma de actuar contra sus periodistas y directivos.
La gran fortaleza de La Prensa viene de su misión de servir a la comunidad. Además de sus 595 asociados y junta directiva, hay muchos panameños comprometidos en la lucha contra la injusticia y la arbitrariedad. Estamos preocupados por el debilitamiento institucional que vive Panamá y, en tiempos como este, es cuando más se necesita de una prensa independiente y sólida. Seguimos trabajando por un mejor Panamá.
*Presidente de la junta directiva de Corporación La Prensa S.A.
FUENTE: http://www.prensa.com
