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lunes, 21 de noviembre de 2011

Revisarán la ley que privatizó servicios de energía eléctrica en Panamá

La Ley 10 de 1998, que regula la privatización del servicio eléctrico en Panamá será revisada para su posterior modificación antes de que culmine este año.
Juan Manuel Urriola, director de la Secretaría de Energía, manifestó que a finales de este mes se empezarán a estudiar los diferentes artículos que forman parte de esta disposición, que lleva en funcionamiento 13 años, tras la privatización del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE).

En 1998, las distribuidoras compraron concesiones al Estado, transacción por la que pagaron 300 millones.

Las tres distribuidoras de energía que están hoy acumulan al 2009, activos por 606 millones y tienen 798,551 clientes.

Urriola recalcó que se ha comprobado que hay puntos buenos dentro de la ley y otros que son desfavorecedores y que cuando se empiecen a hacer las revisiones, lo positivo se mantendrá, y los puntos que no son funcionales se revisarán o eliminarán.

Destacó que se contrató una empresa consultora, la cual hizo una serie de recomendaciones, que van a empezar a implementar, cuando se inicie este proceso.

Medidas.
El funcionario dijo que Panamá ha hecho importantes aportes en subsidios ante las alzas que ha tenido la tarifa de electricidad, para que estos incrementos no se vean reflejados en el usuario.

Afirmó que para este 2011, el Estado ha presupuestado en subsidios unos 150 millones de dólares.

Pedro Acosta, presidente de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de Panamá, dijo que en el país se está viviendo de la “subsidiología” y que este problema no viene de ahora, sino que se ha visto reflejado en todos los gobiernos.

Sostuvo que los subsidios son para evitar que el alza se vea reflejada en el recibo de la luz de los consumidores, y que esta medida nació desde el tiempo en que fue privatizado el sistema.

Señaló que eso tiene que ver con los términos en los que se negoció la distribución y la venta de la energía, porque son contratos internacionales. Puntualizó que los gobiernos, desde el inicio, han tenido la prerrogativa de convocar a los prestatarios, para sentarse a hablar de este tema; no obstante, señaló que no se dio, porque siempre han primado las decisiones políticas y el poder económico.

FUENTE: Diamar Díaz Nieto - http://www.panamaamerica.com.pa

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