Tras finalizar su jornada laboral, Rojas, comunicador de este diario desde hace más de 15 años, se dirigió a su vivienda, sin pensar siquiera que esa misma noche, él y toda su familia pudieron haber muerto a manos de antisociales.
La ola criminal que afecta al país desde hace años, bajo la acción timorata de las autoridades, no conoce límites; al punto que una de cada cuatro personas o alguno de sus familiares cercanos, han sido víctimas del hampa en los últimos cuatro meses. Esta vez, les tocó el turno a Rojas y su familia.
La casa del periodista, en calle Cedros de Coronado, recibió en total 14 impactos de bala, aparentemente, por la acción combinada de varios sujetos que utilizaron tres vehículos para movilizarse.
Ninguno de los integrantes de la familia de Rojas, entre ellos su esposa y dos hijos de 20 y 24 años de edad, sufrieron heridas.
La tesis que se presume es que los hampones se equivocaron de vivienda, pues es vecino de investigadores policiales, a quienes supuestamente iban a amedrentar.
El incidente es un reflejo más de la descomposición social y la criminalidad que viven el país y Coronado, el cual se ha visto azotado en los últimos meses por el hampa, cantón en el que además Rojas dirige un periódico llamado El Coronadeño.
Entre 1998 y 2010 se presentaron más de 235 mil denuncias solo por los delitos de violación, robo, venta de drogas y homicidios, de los cuales, el 97% quedó impune.
Asimismo, en dicho periodo, más de 4 mil personas fueron asesinadas.
Esto significa que la tasa de homicidios alcanzó en 2010, por segunda vez en la historia, la cifra de 11 crímenes por cada 100 mil habitantes, lo cual es considerado como un problema de salud pública por la Organización Mundial de la Salud.
“Nos acabábamos de acostar a eso de las 12 m.n., cuando se empezaron a escuchar estruendos que yo confundí con un juego de pólvora; sin embargo, me pareció extraño la forma como detonaban. Cuando se detuvo el ruido, me levanté a ver, salí a la sala y vi los agujeros en la puerta y en los vitrales”, explicó Rojas.
Un importante elemento que demuestra la debilidad actual de la seguridad ciudadana fue la lenta respuesta que recibió Rojas.
Tras percatarse de que su casa había sido atacada, el comunicador solicitó ayuda a la policía local, la cual prometió llegar.
Como no hubo respuesta pronta, Rojas volvió a pedir ayuda y en esta ocasión, le indicaron que no tenía sentido ir, “ya que nadie había visto nada”.
A altas horas de la madrugada, tras una tercera llamada de la familia, la policía se hizo presente en el lugar para tratar de tranquilizar a los afectados.
Hace poco más de una década, la extrema violencia y los asesinatos no eran tan frecuentes en los hechos delictivos.
Sin embargo, una actitud permisiva en cuanto a obtener licencia para tener y portar armas, ha promovido que los ciudadanos estén armados hasta los dientes.
A noviembre del año pasado, el Ministerio de Seguridad tenía reportados más de 205 mil pistolas, revólveres y escopetas registrados y de acuerdo con parámetros internacionales, se calcula que por cada arma de fuego legal, existen al menos tres en la clandestinidad, por lo que en el país habría más de 600 mil armas de fuego.
Pese a la gravedad de los datos, no fue hasta este martes que el Ministerio de Seguridad giró una directriz para que aquellas personas que tengan antecedentes penales, policiales, de violencia doméstica y de delitos contra la propiedad, la vida o la libertad, no puedan registrar su arma, al ser “una concesión y no un derecho”, de acuerdo con Celso Gamboa, viceministro de Seguridad.
Evidentemente, esta medida debió haber sido girada hace años y no hasta esta semana, pero al final, ¿qué se puede esperar de un gobierno que pasó casi un año formulando una política de seguridad que no logró nada nuevo, como fue Polsepaz?
FUENTE: Esteban Arrieta - http://www.larepublica.net
