Según la Fiscalía hay 300 personas implicadas, aunque por ahora se ha indagado solo a 20.
Las irregularidades las detectó y denunció Conape en junio del 2010, tras descubrir trámites de préstamos cuyos datos y documentos parecían irregulares, dijo Adrián Blanco, secretario ejecutivo de la entidad.
“Al inicio el caso arranca con 15 personas. Conforme Conape avanza en la investigación se incrementa el número de involucrados; en este momento tenemos 300 personas señaladas como imputadas”, dijo Miguel Navarro, coordinador de la Fiscalía Adjunta de Fraudes.
Se trata de vecinos de Orotina, en Alajuela; y de Esparza, El Roble y Puntarenas centro, quienes habrían prestado su identidad para gestionar los préstamos.
Según la investigación, el plan lo armó un grupo de tres o cuatro lugareños, quienes reclutaron a otros. “Estas personas son las que nosotros llamamos las de atrás, que se encargaron de conseguir la documentación, y le vendían la idea a quienes figuran como deudor o fiador ante Conape”, dijo el fiscal Navarro.
Los presuntos estafadores presentaron documentos falsos, entre ellos órdenes patronales, constancias salariales y certificaciones de universidades privadas con sede en Puntarenas.
Cada uno obtuvo créditos de ¢1,5 millones a ¢2 millones para estudios o computadoras.
Conape es la única entidad que financia créditos para educación a un interés del 8%. Este caso se conoce justo cuando la Comisión ha enfrentado una caída presupuestaria de ¢15.000 millones en los últimos tres años, dado que los diputados recortaron sus fuentes de financiamiento para destinarle recursos a la Banca de Desarrollo.
En el 2010, Conape autorizó 8.067 créditos, mientras que este año solo hay dinero para 3.200. “Antes cubríamos el 100% (de la carrera) y hasta se daba más por si necesitaban libros, viáticos u hospedaje, que eran casos que calificaban si la persona cambiaba de domicilio para ingresar a la universidad. Ahora nos centramos en el tema del costo del estudio”, dijo Blanco en una noticia anterior.
Leonardo Garnier, ministro de Educación, lamentó lo sucedido.
“Si robar es malo, robarle a la educación es mucho peor; los fondos de Conape han servido para que mucha gente realice sus estudios de colegio, universitarios, parauniversitarios. Que haya gente capaz de robarse esto, es como cuando hay gente que se roba una computadora de una escuela; da muchísima cólera”, dijo Garnier.
Delitos. Según la Fiscalía Adjunta de Fraudes, en este caso existen delitos como: estafa, uso de documentación falsa y suplantación de identidades. “La falsificación de un documento de crédito por un pagaré lleva una sanción que va de uno a seis años de prisión”, dijo Navarro.
“Las estafas, creo que son estafas menores, cuya sanción va de tres meses hasta tres años de prisión”, añadió.
El siguiente paso en la investigación es solicitar un requerimiento acusatorio. Y según la Fiscalía, “con los datos investigados, ya se tienen los fundamentos para requerir contra ellos penalmente”.
Ante la consulta de si los controles de Conape fueron vulnerables, Navarro enfatizó que la “estafa está bien hecha”. “Presentaron certificaciones de universidades privadas con sedes en Puntarenas, constancias de salarios de entidades como Caja y MEP”.
FUENTE: Ferlin Fuentes A. -http://www.nacion.com
