Este jueves entró en vigencia la ley 11 que protege a los recursos hídricos, mineros y ambientales en la comarca indígena ngöbe buglé, luego de casi un mes de complicadas discusiones entre los representantes de este pueblo originario y el gobierno panameño.
La normativa, que contiene 17 artículos, fue promulgada por el Ejecutivo y publicada en Gaceta Oficial.
No obstante, un grupo de indígenas rechaza el dispositivo legal y anunciaron que continuarán con las medidas de fuerza contra la ley. Antes de las negociaciones esas generaron algunas revueltas que incluyeron cierres de calles y muerte de tres indígenas, medio centenar de heridos y más de cien detenidos, por la represión policial.
El cacique general del Congreso Tradicional alega que no fueron consultados sobre algunos puntos de la normativa, como el referido al destino a la comarca de un 5% de las utilidades de actividades mineras o hídricas, si en algún caso los pueblos originarios aprueban estas acciones.
La ley ordena la cancelación de todas las concesiones para proyectos mineros, así como la alteración del cauce o cabeza de los ríos comarcales, y la apropiación privada de los afluentes dentro del territorio ngöbe, reseñó Prensa Latina.
Además, establece que cualquier proyecto hidroeléctrico que abarque total o parcialmente los linderos de la comarca o sus áreas anexas, deberá ser avalado por el Congreso Comarcal, Regional o Local, dependiendo de su envergadura.
La nueva normativa deroga la Ley 41 de agosto de 1975 que creó una empresa estatal para explotar los yacimientos de cobre en Cerro Colorado, uno de los más grandes del mundo.
Entretanto, el futuro de la hidroeléctrica Barro Blanco aún está en negociación. Los indígenas han venido denunciando los daños ambientales que esta central causa a unas 40 comunidades originarias.
FUENTE: AVN
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