El 10 de noviembre pasado, la Sala Primera dispuso que el notario Rafael Ángel Barahona Melgar debe pagarle a Badilla ¢5 millones porque el profesional no verificó la identidad de un falso cliente que estafó al anciano.
Sin embargo, seis meses después el notario no había depositado ese monto, por lo que el pensionado de guerra presentó el martes pasado un proceso de ejecución de sentencia para que le paguen el dinero.
El caso se remonta al 15 de julio del 2005 cuando Badilla se presentó a la oficina del notario, en Heredia, para que lo asesorara.
El excombatiente prestó los ¢4 millones que tenía ahorrados a un tercero desconocido, quien le ofreció una valiosa finca en Moravia (San José) como garantía hipotecaria.
Sin embargo, el notario no detectó que ese tercero había suplantado la identidad del dueño legítimo de la propiedad, lo que provocó que Badilla perdiera los ¢4 millones, más los intereses que pretendía ganar.
Los magistrados de la Sala confirmaron, además, la suspensión de Barahona por tres años en el ejercicio del notariado, según consta en la sentencia N.° 1381-F-S1-2011.
No obstante, en registros de la Dirección Nacional de Notariado, Barahona aparece como activo pues aún no se ejecutó la sanción.
Para la Sala, “el notario no cumplió con su deber de identificar, cuidadosamente y sin lugar a dudas, al compareciente que asumía la condición de deudor y otorgaba hipoteca en garantía sobre un bien suyo, pudiendo y debiendo haber evitado la suplantación de la identidad”.
El notario únicamente solicitó la cédula de identidad al tercero, por lo que los magistrados dijeron que con un documento adicional “pudo evitar ser sorprendido con la suplantación de la persona, lo que era deber suyo hacer, dado su carácter de fedatario público, asesor de las partes y contralor de la legalidad al momento de confeccionar la escritura”.
Al ser consultado por La Nación, Rafael Ángel Barahona aseguró que él también fue víctima del estafador, por lo que promovió una causa penal contra el sospechoso, quien se determinó es de apellido Durán, la cual ya está lista para elevarse a juicio.
El notario sostuvo que en 38 años de ejercer el notariado, por primera vez fue sorprendido con una cédula falsa.
Por otra parte, alegó que el Estado debe facilitar un lector de códigos de cédulas a los notarios para que tengan acceso al padrón del Registro Civil, con el fin de corroborar las identidades de sus clientes, por lo que para él hay una negligencia del Estado.
El abogado aseguró que tiene los medios económicos para pagarle a Badilla los ¢5 millones que le ordenó la Sala Primera, pero lo hará solo si quiere.
FUENTE: David Delgado C. - http://www.nacion.com
