Las lágrimas del sargento Rodrigo García conmovieron al país. Sus ojos llorosos resumían la jornada de furia y vergüenza que se vivió en Toribio. Este municipio que a lo largo de una semana ha sido el escenario de enfrentamientos entre miles de indígenas y decenas de uniformados que cumplen con la orden de custodiar el cerro Berlín, también conocido como el de las Torres, en inmediaciones de Toribío, Cauca.
El epílogo de ese agitado día lo pronunció el propio sargento García. El hombre de 31 años, segundo comandante de la base militar La Estrella, y que tiene bajo su cargo custodiar las antenas de comunicaciones de este cerro, se preguntaba por qué los colombianos nos tenemos que maltratar entre hermanos.
El miércoles, la noticia con la que despertó el país ya no conmovía sino que dolía profundamente. Se trataba de la muerte del indígena Fabián Güetio. Un muchacho de 22 años, un humilde estudiante del municipio de Caldono, Cauca, cuyo delito fue hacer caso omiso a una señal de pare en el retén que el Ejército ubicó en un punto conocido como El Rosario. El joven murió en la madrugada del miércoles a causa de un disparo efectuado por un integrante del Ejército. Uno de los hombres que presenció los hechos, el comandante de la compañía, teniente Héctor Segura, señaló con desesperación que "se trató de un error”.
Han sido días intensos, que dejan en evidencia dos cosas: por un lado, el hartazgo que tienen las comunidades indígenas del Cauca por una guerra que les afecta directamente y de la que no pueden escapar. En la otra orilla, la negativa del Gobierno a ceder un solo centímetro de soberanía del territorio colombiano.
La cuestión quedó planteada el mismo día en que el presidente Juan Manuel Santos realizó en Toribio su consejo de ministros. Desde ese momento, en el que no hubo reunión entre el gobierno y las autoridades indígenas, dos órdenes contrarias pusieron en evidencia este diálogo de sordos.
Los dirigentes del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) como los de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) reiteraron: “Somos claros. Hasta ahora ni la Policía, ni el Ejército, ni la guerrilla de las FARC nos han cuidado; al contrario, nos han amenazado, asesinado y desplazado; nos han traído más problemas con los fuertes combates en la zona. Les pedimos a todos los actores armados que abandonen la región para que la guardia indígena asegure la paz en las comarcas azotadas por la guerra”.
Por su parte, el presidente Santos dio una orden que cuenta con el respaldo de sectores políticos y de muchos colombianos que se hacen escuchar en las redes sociales. Santos exigió a sus hombres “no desmilitarizar ni un centímetro de la zona”.
Ahora bien, la petición de los indígenas de desmilitarizar esa región del país se encuentra por fuera del marco jurídico. La Constitución del 91, que significó para las comunidades indígenas grandes avances, que establece el carácter multiétnico y pluricultural de la nación, además de que, como diría el inmortal humorista Jaime Garzón, “sirvió para que el país supiera que había indios”, dispone que el Estado no puede ceder ante nadie su soberanía.
Lo que sucede en el Cauca es de una complejidad muy grande, un problema estructural que se nubla con los enfrentamientos de estos días, que dividen y polarizan a los colombianos que toman partido sin antes ver el iceberg completo. ¿Entonces qué hacer? Semana.com consultó con tres voces autorizadas que se atreven a dibujar diferentes salidas a este laberinto.
Ernesto Samper, expresidente y director del programa Café País, un espacio alternativo para recuperar y debatir ideas sociales y de derechos humanos en Colombia.
“Crear una zona Humanitaria en el Cauca”
“Los indígenas tiene la razón en lo que están planteando, de que están cansados de ser víctimas del conflicto, de que les destruyan los hospitales, las escuelas, etc. También tiene razón el presidente cuando dice que el Ejército no puede abandonar el territorio y simplemente decirles a los indígenas “vean cómo se defienden”.
Lo que hay que hacer es una zona humanitaria comenzando por Toribio, en el que hay unas normas elementales del derecho Internacional Humanitario. Por ejemplo que no se pueden establecer guarniciones militares en cercanías de edificios destinados a fines sociales, como las escuelas, los hospitales, acueductos y centros de acopio porque esto afecta directamente a la población civil.
El segundo acuerdo, es sacar a los niños del conflicto. El 60% de los que están en las FARC deben ser niños indígenas de la región. No tiene sentido este infanticidio. "Estos acuerdos se deben hacer entre el gobierno, la población civil y las FARC”.
Gustavo Wilches-Chaux, especialista en gestión del riesgo y gestión ambiental. Fue director del SENA del Cauca, de la Corporación Ecofondo y de la Corporación NASA KIWE, autor de más de 20 libros y analista de Razón Pública.
“Fortalecer a las autoridades civiles y trabajar conjuntamente contra la guerrilla”
“El Estado debería jugársela y reconocerles a los indígenas el hecho de que son un Estado y llegar a unos acuerdos para establecer cómo ejercer la autoridad en los territorios que son indígenas. Se debe establecer que el enemigo común es la guerrilla, que es lo que ha generado que haya grupos de indígenas ‘uribistas’, y otros que se han ido con las FARC.
De otro lado, los recursos que el Gobierno ha anunciado para el Cauca deben servir para apoyar procesos de organización y de desarrollo que nazcan en el interior de estas comunidades, definidos, liderados y protagonizados por las comunidades urbanas y rurales, que reciban un apoyo integral del Estado y no al contrario, a las cuales ojalá se vinculen también la cooperación internacional y el sector privado.
En últimas, el ideal de una república participativa, tal como define la Constitución a Colombia, no consiste en que las comunidades participen en los programas del Estado, sino en que el Estado esté dispuesto y en capacidad de participar en los programas -y en este caso en los “planes de vida”- de las comunidades. Ese ideal no es válido solamente para las comunidades indígenas sino para todo el territorio colombiano”.
Hernando Llano Ángel, politólogo de la Universidad Javeriana de Bogotá. Profesor Asociado en la Javeriana de Cali. Socio de la Fundación Foro por Colombia y analista Razón Pública.
“Intervención de organismos internacionales”
"Se debe apostar por un escenario de distención que tenga que respetar la fuerza pública, y que cuya condición es que no haya fuego cruzado en la población. Se debe alcanzar un cese de hostilidades en esa zona con las FARC y que este respaldado por un organismo internacional como la ONU, y por la Iglesia a nivel nacional.
Yo pensaría y apostaría por un escenario de diálogo con el Gobierno que termine en una especie de acuerdo de tratar de declarar un territorio de paz donde efectivamente se cumpla el Derecho Internacional Humanitario y donde la fuerza pública respete a la población indígena”.
FUENTE: Jonathan Bock - http://www.semana.com
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jueves, 19 de julio de 2012
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