La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador declaró hoy ilegal la elección por el parlamento el pasado 24 de abril del fiscal general de la República, Néstor Escalante.
La sentencia de los magistrados -cuatro titulares y una suplente- arroja un nuevo balde de combustible al conflicto que los enfrenta a la Asamblea Legislativa y a sus otros 10 colegas de la CSJ desde el pasado 5 de junio.
Según los primeros tramos de la sentencia, divulgados esta tarde por la edición digital del periódico La Prensa Gráfica, una misma legislatura no puede elegir a dos fiscales en su período de tres años.
No obstante, reconoce que tal prohibición no está expresada en el texto de la carta magna de 1983, pero dice que el artículo 86 establece que los funcionarios de Gobierno no tienen más facultades que las expresamente les da la ley.
Agrega que la Asamblea no está autorizada para hacer dos veces dichas elecciones en una misma legislatura, siempre según la versión del fallo adelantada por uno de los dos mayores diarios de derecha del país.
La anterior legislatura (01-05-2009/30-04-2012) eligió al comienzo de su mandato al fiscal general Romeo Barahona, quien aspiró a retener el cargo, pero su pretensión no tuvo eco en la mayoría de los diputados.
Con el mismo argumento, la Sala declaró inconstitucional las elecciones de 10 de sus colegas, hechas por las legislaturas 2003-2006 y la pasada.
Esos juristas y la mayoría del parlamento consideran legítima y plenamente legal la elección y aguardan un pronunciamiento de la Corte Centroamericana de Justicia ante la cual apeló la Asamblea Legislativa en junio.
La sentencia fue firmada por Belarmino Jaime, presidente de la Corte y la Sala, mandato que se le vence el domingo próximo, y Florentín Meléndez, Sidney Blanco y Rodolfo González, electos en 2009.
Fue suscrita también por la suplente Sonia Dinora de Barillas, nombrada por Jaime en sustitución del juez Néstor Castaneda, quien cumplió su período de nueve años el 30 de junio último.
La elección de Jaime y González en julio de 2009 es investigada por una comisión del parlamento atendiendo a denuncias de que fue inconstitucional.
Escalante y otras fuerzas políticas no reaccionaron en un primer momento, a la espera de conocer el texto oficial de la sentencia de la Sala.
FUENTE: Prensa Latina
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