La compañía mixta administra los puertos de Cristóbal y Balboa desde el año de 1997; sin embargo, en diez años no ha entregado réditos al Estado (unos $32 millones, según el Ministerio de Economía y Finanzas) ni ha entregado sus informes financieros en las administraciones de Ernesto Pérez Balladares, Mireya Moscoso, Martín Torrijos ni de Ricardo Martinelli.
Aun cuando se han hecho dos modificaciones al contrato-ley de 16 de enero de 1997 que ha puesto en ventaja las condiciones de pago de parte de la empresa mixta al Estado panameño, esta sigue sin pagar dividendos como lo hacen Cable & Wireless, AES, Etesa y las demás compañías mixtas.
Sus voceros alegan que lo hacen por mantener ‘una política financiera sana’.
¿Pero una política financiera sana para quién o quiénes? Según el gerente general de Panama Ports Company, Luca Versari, ni los accionistas mayoritarios ni el minoritario (que es el Estado, con el 10% de las acciones), reciben los dividendos que les corresponden, pues ‘todos los ingresos se reinvierten’ y las acciones siguen tomando más valor. Según Versari, cuando se hacen ‘inversiones fuertes’, es ‘normal’ que los dividendos no sean pagados.
La decisión es tomada en la junta directiva en función de un programa de expansión de la empresa que incrementa el valor agregado a la empresa y una vez termine la concesión, las acciones del Estado tendrán también ese valor agregado, explica el economista Adolfo Quintero, quien agrega que el mecanismo de reinversión es menos costoso que hacer un préstamo.
Y es que en la empresa se hacen inversiones que podrían ser recuperadas en unos 35 años como mínimo, sin embargo cuando se aprobó el contrato-ley de 1997, el Estado concedió activos por más de $1,000 millones y el derecho a ‘desarrollar, construir, operar, administrar y dirigir las terminales portuarias de contenedores. . . ’.
La ‘política financiera sana’ defendida por Versari no es muy bien vista por el jurista Miguel Antonio Bernal, quien señala que ‘nadie tiene un negocio por amor al arte en el que no gana’ y advierte que lo establecido en el contrato debe ser cumplido. ‘El problema son las autoridades que no hacen cumplir la ley’, puntualizó.
‘LA BRIBONADA’
Pero todo pudo haber sido ‘amañado’ por la expresidenta Mireya Moscoso y su Consejo de Gabinete mediante la ley que aprobó una equiparación de condiciones para todos los puertos, consideró el excontralor Alvin Weeden.
Para Weeden lo más preocupante es que a través del contrato-ley mediante el que se regulan las relaciones con Panama Ports, la empresa debía pagar más de $22 millones al Estado anualmente; no obstante, durante ese gobierno la empresa mixta logró que se eliminara dicho pago establecido en el contrato. Incluso, la cláusula que detalla ese pago fue modificada a través de una adenda que tampoco es cumplida.
La equiparación intentaba que no hubieran ventajas de una empresa portuaria sobre las otras, pero para Weeden se trató de ‘una perfecta bribonada’. Aduce que fue ‘arbitraria e ilegal’, además demandada.
Weeden advierte que el Estado ha dejado de percibir más de $200 millones de la renta. Eso lo califica como una lesión patrimonial que ha debido ser razón para una investigación penal.
La Estrella intentó obtener una versión de la contralora Gioconda de Bianchinni, pero los asesores explicaron que es un tema de estricta competencia del MEF.
En esa entidad, el director general de Inversiones, Concesiones y Riesgos del Estado, Jorge Dawson, respondió escuetamente que las utilidades del Estado son ‘reinvertidas en proyectos de expansión’.
FUENTE: IVANETH GONZÁLEZ G. - http://www.laestrella.com.pa
