El equipo estará formado por fiscales y funcionarios especializados que investigarán este tipo de delitos. Lo cierto es que, según lo indican desde el ministerio, “hasta hoy no se ha logrado revertir el sesgo selectivo del sistema penal y se verifica un bajo impacto en la persecución de los casos complejos de criminalidad económica –en particular, de aquellos estructurales, intrasistémicos, altamente organizados, con efectos socioeconómicos relevantes y capacidad para permear el dispositivo de prevención– con un notable déficit en la obtención de respuestas judiciales efectivas en tiempo razonable”. En este contexto es que se busca trabajar en 2013 con el foco puesto en combatir la criminalidad económica mediante la implementación de grupos especializados a tales fines.
Según lo aseguró la procuradora, “la crisis financiera global que se inició en 2008 dejó al descubierto que la criminalidad económica representa una amenaza para la vida de los Estados, y para hacerle frente es necesario contar con un ministerio capacitado y entrenado”.
Según los datos que maneja el Ministerio Público Fiscal –elaborados por la ONG Internacional Global Financial Integrity–, la criminalidad, la corrupción y la evasión de impuestos costaron casi 6 trillones de dólares a los países en desarrollo en la última década.
Estas estadísticas se complementan con datos poco alentadores que muestran el desempeño de la Justicia, dado que la duración promedio de los procesos por grandes fraudes bancarios y financieros en la Argentina es de 14 años, lapso en el cual muchas de las causas terminan prescriptas y el porcentaje que llega a juicio resulta ser el menor.
En lo que se refiere puntualmente a la Argentina, los datos indican que la criminalidad, la corrupción y la evasión crecen a un promedio anual del 13% y rondan los 1.700 millones de dólares.
Según explican desde el ministerio, estos números no encuentras correlato alguno con las investigaciones llevadas a cabo en el país, mucho menos con la sanción efectiva por parte de la Justicia. En este contexto –luego de una década de vigencia de la ley que impone penas de prisión, multas y decomisos por el delito de lavado de dinero– sólo se produjo una condena, lo que le valió al país duras críticas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
En este plano, Gils Carbó avanza a paso firme sobre una de las mayores asignaturas pendientes de la Justicia: seguir la ruta del dinero. En este caso, la iniciativa fue bien recibida por los fiscales del fuero comercial y penal.
Puesta en marcha
Así es que frente a una evidenciada desaceleración en el ritmo de las economías centrales, el funcionamiento especulativo de los mercados internacionales y la evidente proliferación de los fraudes financieros y bancarios, llevó a que los delitos económicos sobrepasaran la estructura de la Justicia que siempre se encontró un paso detrás en lo que hace al seguimiento de los consecutivos hechos de criminalidad económica.
Según lo explica a BAE el fiscal a cargo de la Procelac, Carlos Gonella, “la creación del instituto tiene que ver con una decisión de política criminal muy firme tomada por la procuradora que busca investigar la criminalidad económica”. Asimismo, señala que “los delitos penal económicos generan un enorme daño social dado que se afectan bienes jurídicos no individuales, se afecta la agenda pública cuando se habla por ejemplo de evasiones tributarias y es un delito de mucha gravedad”.
Asimismo –destacan desde la Fiscalía General– la existencia de algunas de esas manifestaciones delictivas, como el uso de información privilegiada u otros delitos vinculados a los valores negociables e instrumentos financieros –recientemente incorporados al Código Penal–, amenazan los esfuerzos de la Argentina por regular el mercado de capitales y consolidar una plaza segura para la canalización del ahorro y la inversión. También se verifica la irrupción, en el trámite de concursos y quiebras, de complejos artificios destinados a licuar pasivos en perjuicio de los derechos de los/as acreedores/as y de las sentencias con autoridad de cosa juzgada.
Otras formas de fraude repercuten también sobre las relaciones societarias o el marco regulatorio de la competencia, desencadenando efectos tanto sobre los factores que concurren en el mercado como sobre los derechos de consumidores/as y usuarios/as. En el terreno impositivo se perciben otras manifestaciones de este proceso, como el afloramiento de refinadas maquinaciones de fraude y elusión, con el consecuente impacto sobre la recaudación y la inversión social. Similar situación en el ámbito de la administración pública, donde los actuales marcos regulatorios, más proactivos y específicos, incuban formas comisivas avanzadas tanto de los delitos funcionales como de las tradicionales formas de afectación del patrimonio estatal.
Otras modalidades delictivas impactan, finalmente, tanto sobre la solidez del sistema financiero como sobre la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, incrementando el riesgo de profesionalización de este servicio delictivo o la instalación del crimen organizado.
En este contexto, la nueva estructura de la Procelac apunta a generar estrategias unificadas de investigación, asesorando a los fiscales y con el objetivo de coordinar el seguimiento de los casos. Una de las mayores novedades, será que la institución recibirá denuncias y realizará investigaciones preliminares respecto de los hechos con fuerte impacto socioeconómico.
En lo que refiere a los funcionarios que integrarán el cuerpo, éstos podrán intervenir como fiscales coadyuvantes en los expedientes que tengan que ver con hechos de su competencia, podrán elaborar proyectos de reforma de ley, protocolos de actuación, entre otros.
“Esta nueva estructura satisface la necesidad de contar con recursos capacitados y especializados para dedicarse con exclusividad a perseguir la criminalidad económica, organizando las investigaciones en seis áreas: lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, fraudes económicos y bancarios, mercado de capitales, delitos tributarios y contrabando, delitos contra la administración pública y concursos y quiebras”, detallan desde el Centro de Investigación y Prevención de la Crimanlidad Económica (CIPCE).
Déficit
Gils Carbó destacó la existencia de asignaturas pendientes en materia de persecución de la criminalidad económica y señaló que “todo fenómeno de crimen organizado necesita insertar las ganancias en el circuito de la economía legítima, por eso el lavado de dinero es la punta de la madeja de toda actividad delictiva”.
Por su parte, Gonella hace foco en el deficiente funcionamiento del estamento judicial, dado que, según lo indica, “hay un bajo porcentaje de condenas por delitos económicos. Estamos por debajo del 10% y esto es un dato que pensamos revertir a través de las investigaciones que llevaremos a cabo desde la Fiscalía”.
La recientemente designada funcionaria al frente del Ministerio Público Fiscal de la Nación pidió a los coordinadores de las diferentes áreas de aplicación que “no se limiten a obrar como auxiliares de los jueces y que asuman un rol protagónico en las investigaciones”. Asimismo, se instó al trabajo conjunto con otras dependencias públicas y privadas. “Esto no lo puede hacer sólo el Ministerio Público. Por eso invitamos a otros fiscales, referentes del sector público y privado, autoridades legislativas, organismos de control, fuerzas de seguridad y un Poder Judicial que avance en la democratización de la Justicia para que no prevalezca la persecución penal de los culpables fáciles”, sostuvo Gils Carbó.
Además, la procuradora destacó la alta especialización del nuevo instituto que “deberá lidiar contra la actividad de paraísos fiscales que venden impunidad a las sociedades off shore”.
| FUENTE: Sabrina Santopinto - http://www.diariobae.com |
