A través de un comunicado, Pillay expresó: “Me preocupa seriamente que estos hechos puedan restablecer las sombras de la impunidad en un país que ha comenzado a conciliarse con la verdad y la justicia, para el pleno cumplimiento de sus obligaciones derivadas del derecho internacional”, citó el portal uruguayo La Red 21.
La representante de la ONU dijo que la decisión de la SCJ “abre el camino para el cierre de las investigaciones en curso sobre violaciones de derechos humanos, violando el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación”.
El pasado viernes la SCJ declaró inconstitucionales algunos artículos de la Ley de Caducidad que declaraba imprescriptibles los delitos cometidos durante la dictadura. La medida establece que las causas que permanecían abiertas sin procesamientos deberán ser archivadas, debido a que prescribieron.
La Ley de Caducidad fue aprobada en octubre de 2011 con el objetivo de derogar una normativa de 1986 que frenó durante años los juicios a militares por violaciones de los derechos humanos.
La decisión se produce a sólo días de que la jueza Mariana Mota -quien ha estado a cargo de investigar cerca de 50 casos de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura- fuera abruptamente trasladada por la SCJ de su jurisdicción penal a un tribunal civil.
| FUENTE: AVN |
