El legislador, seleccionado como ponente del proceso de la Comisión Mixta de Presupuesto del Congreso, tras evaluar las cuentas declaró que su opinión difiere de la del Tribunal de Cuentas del Estado (TCU), que sugirió la reprobación de éstas, reseña el sitio web de Telesur.
Los balances oficiales correspondientes al año pasado fueron rechazados por el TCU, organismo de contraloría del Estado y consultor del Congreso, que recomendó que no fueran aprobados por el Parlamento por "diversas irregularidades".
Gurgacz indicó que los argumentos presentados por el mencionado tribunal "no son relevantes lo suficiente como para reprobar los balances de 2014".
El senador Gurgacz, cuyo parecer tendrá que ser aprobado o rechazado por la Comisión de Presupuesto antes del 6 de marzo próximo, destacó que el balance de las cuentas públicas de 2014 puede ser aprobado con algunas observaciones, como en años anteriores y en otros Gobiernos.
"Tengo una buena relación con la Presidenta y con la oposición. No redacté mi parecer pensado en (salvar a) la Presidenta sino en el país", expuso.
De acuerdo con los magistrados del tribunal, el Gobierno de Rousseff dejó de depositar en la banca pública, usada como agente de pagos, parte de los montos previstos para seguros de desempleo, subsidios a las familias más pobres y créditos para campesinos, entre otras obligaciones.
Esto supuestamente llevó a los bancos a cubrir esos compromisos con sus propios recursos y le generó al Estado una deuda que el año pasado cerró en 40.000 millones de reales (unos 10.000 millones de dólares) y fue omitida de los resultados presentados por el Gobierno.
Estos argumentos, sin ser comprobados, fueron usados por los partidos de la oposición para justificar la apertura de un juicio político con fines de destitución contra Rousseff.
El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, aceptó los argumentos de la oposición y autorizó el trámite para el juicio político, que podría continuar en febrero próximo, considerando que la Corte Suprema ordenó el reinicio del proceso y que el Congreso comenzará su receso legislativo esta semana.
El pasado 21 de diciembre, Cunha dijo que el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff será en 2016, pues necesita algunas aclaraciones sobre el proceso.
Precisó que presentará varias inquietudes al Supremo Tribunal Federal (STF) sobre las reglas establecidas por esa instancia sobre el posible enjuiciamiento a la Presidenta de Brasil.
A principios de diciembre, Cunha autorizó la apertura de un proceso judicial con el objetivo de destituir a la Presidenta, argumentando que considera procedente una acusación por “irregularidades fiscales”.
Desde entonces, miles de brasileños han salido a las calles en más de 30 ciudades con pancartas y coros a favor de Rousseff y en rechazo a la intención de la oposición de perjudicar a la jefa de Estado.
| FUENTE: AVN |
