
Quien presentó la demanda fue la jueza María Thereza de Moura. Ella solicitó una investigación de sospechas formuladas por empresarios que delataron en el caso conocido como Lava Jato. Si se comprueba que hubo una afluencia de finanzas ilegales, tanto el PMDB como el PP podrían ser prohibidos. Según la magistrada, hay “fuertes elementos” que demostrarían que ambas organizaciones se beneficiaron con dinero espurio. Entre los argumentos presentado por Moura, están las declaraciones del cambista y lobista Alberto Youssef, quien conocía la corrupción en Petrobras desde sus mismas entrañas. Tanto él como el ex director de la petrolera estatal Paulo Roberto Costa admitieron que transferían coimas a dirigentes de la primera línea partidaria del PMDB.
Moura sintetizó en su presentación: “Una vez comprobadas tales conductas, estaríamos delante de una práctica de delitos que apunta a la conquista del poder o a su mantenimiento”. Esto, sin duda, coloca por delante una perspectiva nada alagüeña para Temer. Si se llegara a probar que ese flujo de dinero “podrido” existió, el Tribunal Electoral podría decidir anular las elecciones de octubre de 2014. En ese caso, estaría comprometido el futuro del presidente interino. No deja de ser curioso que en esa situación, uno de los aliados claves de Temer, el Partido Socialdemócrata de Brasil (PSDB) planee, para después del impeachment –según dicen- re pactar el vínculo con el presidente ya efectivo.
Los tucanos creen que los pasos dados por Temer en el área económica sólo miran el aspecto “electoral”, en el sentido de no avanzar con el ajuste brutal que debería ser hecho. En esto hay algo de cierto. Ocurre que en octubre se hacen las elecciones de intendentes de los 5.700 municipios brasileños. Y el PMDB pretende conquistar una gran cantidad de ciudades. Sería una prueba que daría una presunta “legitimidad” a un presidente no electo.
FUENTE: Eleonora Gosman - http://www.clarin.com