Los ataques hacia los medios de comunicación en la administración de Juan Carlos Varela han tenido planificación, y con el conocimiento de figuras como el propio hermano del presidente de la República, el diputado José Luis "Popi" Varela.Y es que la semana pasada, "Popi" Varela había lanzado advertencias durante una convención del Partido Panameñista en la que asumió la presidencia, dejando entrever que se darían ataques contra los críticos del Gobierno.
"Les decimos en el día de hoy a nuestros adversarios, que con hechos y con la verdad en mano, a partir de hoy iniciaremos una ofensiva democrática para desmentir y aclarar todas las calumnias que diariamente lanzan en las redes sociales", declaró el hermano del presidente.
Anteriormente, el diputado oficialista también había proferido amenazas contra la Editora Panamá América (Epasa), tras la publicación de una glosa.
"El Confabulario de Panamá América me la tiene velada... ahorren esa tinta que la necesitan para después", publicó el diputado panameñista.
Llama la atención que los comentarios del diputado oficialista se produjeron previo a una orden para la conducción del presidente de la televisora NEXtv, Riccardo Francolini, hacia la Fiscalía Primera Anticorrupción.
Ante esto, el expresidente Ricardo Martinelli reaccionó que "los adláteres de la dictadura de Varela ya nos habían advertido que si no bajábamos la guardia en los ataques nos cerrarían y esto pasaría".
Martinelli fue más allá en asegurar que esta orden estaría comandada por "Rolando López, alias 'Picuiro', es quien está detrás de todas las persecuciones por órdenes directas de Juan Carlos Varela. Estaba en tablero de la CSJ -el arresto de Francolini.
El expresidente añadió que la causa real de este hecho sería que "como todos los casos de persecución política se están cayendo y las cárceles están vacías, inventan casos para cerrar los medios de la oposición".
Caso Francolini
En este nuevo caso de persecución política que implica al directivo del medio opositor, ayer fue conducido al edificio Avesa, sin una notificación previa.
No obstante, diversos entes han denunciado que el gobierno del presidente Varela se ha caracterizado por sus atentados contra la libertad de expresión y los derechos humanos.
Esto contra quienes han fungido como críticos de la problemática que aqueja a la población, producto de las políticas públicas mal ejecutadas.
Entre ellos, la Editora Panamá América (Epasa), que ha recibido ataques incluso de entidades autónomas y de fiscalización de impuestos.
Uno de estos se produjo el 8 de marzo de 2016, cuando los magistrados del Tribunal Electoral emitieron un acuerdo de sala en el que ordena notificar a los diarios Panamá América y Crítica, así como al canal de televisión CB24, sobre un proceso administrativo.
En ese proceso se habla de una supuesta infracción del Código Electoral, que generaría una multa de $50 mil en contra de Epasa.
La razón sería un extracto de una encuesta de opinión que realizó la empresa Doxa Panamá y que, según los magistrados, viola artículos del Código Electoral sobre que toda encuesta antes de su publicación debe ser inscrita en el TE.
Los diarios afiliados a Editora Panamá América (Epasa) han sido duros crítico de los excesos que ha pretendido cometer el TE a través de las reformas al Código Electoral que pretendía cerrar medios de comunicación social por violar la veda establecida para la propaganda electoral durante la campaña política.
Y es que Epasa también ha denunciado los casos de nepotismo y malos manejos administrativos protagonizados por los propios magistrados del Tribunal Electoral.
Entre tanto, en septiembre pasado, funcionarios del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) intentaron cortar el suministro de agua de Epasa, por una supuesta deuda, aunque la gerencia de la empresa entregó evidencia que constataba que no existía ninguna morosidad.
Y es que los intentos de cortar los suministros de la Editora Epasa no solo se limitan al pago de servicios, sino también en materia fiscal, en la que en menos de dos años se han emitido veredictos para hacerle pagar sumas elevadas de dinero por presuntos errores en los informes fiscales presentados por la empresa.
Otros incidentes
Hay que señalar que Epasa no ha sido el único grupo de medios que ha recibido ataques, pues también hubo una denuncia del empresario Abdul Waked, en la que responsabilizaba al Gobierno de tratar de arrinconarlo económicamente con la inclusión de sus empresas en la Lista Clinton, para obligarlo a venderlas, entre ellos, los diarios La Estrella de Panamá y El Siglo.
También periodistas y representantes de medios de comunicación social han sufrido la censura del Ejecutivo.
A inicios de este año, el periodista Álvaro Alvarado, de Telemetro, denunció que Varela pretendía empañar su imagen, silenciarlo y sacarlo del medio periodístico.
Los ataques contra Alvarado se dieron por las redes sociales, a través de anónimos, lo que motivó que presentara una denuncia ante el Ministerio Público, por una "campaña de desprestigio y descalificación" en su contra.
Gobierno provocó despidos de periodistas y comunicadores
El Gobierno Nacional habría presionado para regular los contenidos que se publican en los medios de comunicación y ha actuado en contra de quienes se oponen a su disposición.
Entre ellos, el analista político José Isabel Blandón, quien calificó como “una película de terror para lograr silenciarlo” su salida de Medcom, declarando mediante una nota que, de hecho, ha existido una campaña de difamación en contra de él y el periodista Álvaro Alvarado, la cual provino de directivos de TVN, medio de comunicación cuyo propietario sería
Stanley Motta, principal donante de la campaña política de Juan Carlos Varela.
En ese mismo medio, se promovió el despido del periodista Betserai Richards, por “ser un duro crítico del presidente Varela”.
El comunicador señaló que su postura tuvo sus consecuencias, pero que eso no silenciaría su voz, lo que motivó una avalancha de muestras de solidaridad por parte de líderes de opinión.
Instituciones han actuado en contra de los medios
Representantes de medios han denunciado que se utilizan las instituciones públicas para resolver los problemas políticos, incluso ha intentado silenciar a los medios de comunicación que critican la gestión del Gobierno.
En este sentido, el exsecretario de comunicación del Estado, Luis Eduardo Camacho, señaló que “desde el punto de vista jurídico, -la detención de Ricardo Francolini- es otra acción de parte del Ministerio Público que preside la procuradora Kenia Porcell, que demuestra que el MP solo es una herramienta de persecución política utilizada por el presidente Varela”.
“Es un ejemplo de estas acciones que buscan silenciar a los medios de comunicación”, afirmó.
El Gobierno también habría utilizado Consejo de Seguridad Nacional y a la Dirección General de Ingresos (DGI) para armar procesos contra comunicadores, denunció en meses pasados el periodista Álvaro Alvarado.
Datos
25 mil dólares sería la sanción que advirtiera el TE que podría aplicar a Epasa y Crítica.
2 empresas informativas -Epasa y NEXtv- son las que más ataques han enfrentado de oficialistas.
FUENTE: J. Morales/ A. Pérez- http://www.panamaamerica.com.pa
