Nueva jornada de intervenciones en el marco de la operación Lezo. Este jueves, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha acudido a las sedes de las compañías Price Waterhouse Coopers, Licuas, Indra, OHL y Saerco para requerir información sobre la investigación en curso que dirige el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, el juez Eloy Velasco, responsable también de los casos Púnica y Acuamed. También han entrado en la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid (ICM), antigua Agencia de Informática y Comunicaciones, que habría sido utilizada por el Partido Popular para financiar ilegalmente su campaña en las elecciones autonómicas de 2011, según han confirmado a El Confidencial fuentes cercanas al caso.Desde hace meses, el magistrado investiga la relación entre la adjudicación de contratos públicos de la Comunidad de Madrid (Ignacio González y Francisco Granados) y la presunta financiación irregular del PP.
Los agentes han acudido esta mañana a las oficinas en la capital de la consultora PWC para llevarse información sobre varias adjudicaciones que la firma habría recibido de ICM. Fuentes de la compañía han confirmado los registros y han aclarado que la empresa ha colaborado en todo momento con los investigadores.
Respecto a la constructora OHL, referido a la etapa de su anterior equipo (Juan Miguel Villar Mir y Javier López Madrid), el juez Velasco investiga las adjudicaciones de proyectos millonarios como la Ciudad de la Justicia, el Metro Ligero de Pozuelo o el tren a Navalcarnero.
El dispositivo puesto en marcha este jueves también se extiende a la sede madrileña de Saerco, compañía especializada en servicios de navegación aérea. Esta firma gestiona las torres de control de Lanzarote, La Palma y Fuerteventura, privatizadas en 2011 con el socialista José Blanco como Ministro de Fomento.
El creador de esta compañía fue el directivo Ildefonso de Miguel, imputado en la operación Lezo por su papel como director gerente del Canal de Isabel II (2004-2009) bajo el mandato de Ignacio González, creador de Saerco a través de una sociedad instrumental que fue constituida sólo seis meses antes de hacerse público el concurso de privatización de 13 torres de control.
Por su parte, Licuas es una constructora de obra civil especializada también en el diseño de conducciones hidráulicas para abastecimiento de aguas. Figura como una de las principales contratistas del Canal de Isabel II. La compañía es propiedad de Joaquín Molpeceres, imputado en Gürtel por presuntas donaciones ilegales al PP y señalado por Luis Bárcenas como el hombre que advirtió a Mariano Rajoy de los negocios de Francisco Correa.
Estas actuaciones tienen lugar 24 horas después de que se activara el operativo que ha dado pie a la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y otras once personas de su círculo por la presunta implicación como red criminal en la gestión de la empresa pública Canal de Isabel II.
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