El arresto del prófugo cuando se encontraba en trayecto hacia Bélgica, país donde ha fijado su residencia en los últimos meses, le coloca en una posición delicada. Puigdemont se encontraba en tránsito desde Finlandia y acababa de pasar la frontera danesa. No le une arraigo alguno con el país gobernado por Ángela Merkel donde no cuenta ni con residencia ni con lazos familiares por lo que las posibilidades de que permanezca en prisión en este territorio hasta que se produzca la entrega se elevan exponencialmente.
Según especifican las leyes alemanas la alta traición contra la Federación para aquellos que intenten con violencia o por medio de amenaza con violencia perjudicar la existencia de la República Federal de Alemania o cambiar el orden constitucional que se basa en la Constitución de la República Federal de Alemania, "será castigada con pena privativa de la libertad de por vida o con pena privativa de la libertad no inferior a 10 años".
En casos menos graves la pena privativa de la libertad es de entre cinco y 10 años. En todo caso, la Justicia germana tendrá que valorar ahora el encaje en sus leyes de los delitos atribuidos en España al 'expresident'. Esto resulta básico para garantizar la entrega por todos lo hechos por los que le reclama el juez Pablo Llarena. Las dudas que existían en el caso de Bélgica disminuyen en este otro estado de la UE que además, se ha mostrado especialmente duro con la secesión en su propio territorio.
Otro factor en contra de los intereses de Puigdemont es la dureza alemana respecto al independentismo. Un ejemplo, el Tribunal Constitucional alemán dictaminó en 2017 que el 'land' de Baviera no tenía derecho a celebrar un referéndum de independencia porque su secesión vulneraría la Ley Fundamental. "En la República Federal de Alemania, que es un Estado-nación basado en el poder constituyente del pueblo alemán, los estados no son dueños de la Constitución. Por lo tanto, no hay espacio bajo la Constitución para que los estados individuales intenten separarse. Esto viola el orden constitucional", sostuvo entonces el dictamen del alto tribunal germano.
Además, allí están prohibidos los partidos secesionistas. Es de los pocos países que reflejan en su Constitución esta limitación recogida en los artículos 21.2 y 9.2 de la Ley Fundamental de Bonn. "Son anticonstitucionales aquellos partidos que por sus fines o por la conducta de sus afiliados están encaminados a menoscabar el ordenamiento democrático y liberal o a eliminarlo, o a poner en peligro la existencia de la República Federal Alemana", dice el artículo 21.2. Queda completado por el precepto que se contiene en el número 1.° del mismo artículo: "El ordenamiento interior de los partidos debe estar en consonancia con los principios democráticos".
Alemania es, además, uno de los principales aliados en Europa de España. Las relaciones entre los dos presidentes, Mariano Rajoy y Merkel son fluidas desde hace años y lo mismos sucede con la cooperación policial y judicial, muy estrecha a raíz de la colaboración por la lucha antiterrorista. Cabe recordar para demostrar esta buena sintonía lo sucedido hace unos meses con el periodista turco-alemán Dogan Akhanli, de 60 años detenido en nuestro territorio. Pese a que en un inicio se le arrestó en aplicación de una orden de Ankara, el Consejo de Ministros denegó su entrega. Permaneció en libertad condicional desde el inicio.
Plazo de un máximo de tres meses
Como miembro de la UE el sistema que rige para la entrega es el de la Orden Europea de Cooperación y Entrega (OEDE). Los plazos efectivos para que Puigdemont sea entregado a España son de un máximo de tres meses que se reducirían considerablemente en el caso de que accediera a una entrega automática, cosa que no puede descartarse si su perspectiva es la de ingresar en una prisión alemana durante la tramitación.
En aplicación de las normas que respetan todos los países de la Unión, el plazo es de 60 días para decidir, ampliables por 30 más y otros 10 para entregar. Sin embargo, la implementación ha variado en aplicación de la jurisprudencia de cada país por lo que se prima incluso la posibilidad de recurrir la decisión que analizarán distintas instancias. El TJUE ha venido a reconocer estas particularidades y ha salvado la obligación de entrega incluso con plazos vencidos.
Fuentes de la Fiscalía española han apuntado que se encuentran realizando intensas gestiones con la Fiscalía de Alemania y Eurojust a fin poner a su disposición toda la documentación y material que se precise para hacer efectiva la euroorden.
FUENTE: Con información de BEATRIZ PARERA - RAFAEL MÉNDEZ - https://www.elconfidencial.com - (PULSE AQUÍ)