Las fricciones entre miembros de la llamada mayoría legislativa conformada por las bancadas del Partido Revolucionario (PRD) y Cambio Democrático (CD), con el contralor de la República, comienzan a agudizarse.Las relaciones entre la Contraloría General de la República y la Asamblea Nacional se han tornado más hostiles luego de que el contralor de la República, Federico Humbert, presentara el 27 de febrero ante el Ministerio Público, las auditorías a las juntas comunales y alcaldías a las que diputados del periodo pasado (algunos de ellos reelectos), destinaron fondos millonarios que habrían sido manejados de manera irregular.
La noche del martes circuló un borrador de una propuesta sin firmas que presuntamente sería avalada por diputados del PRD y CD, para citar al pleno a Humbert, para que respondiera un cuestionario, en su mayoría relacionado con su actuar en la realización de esta s auditorías.
El cuestionario de 19 preguntas fue retirado de las curules de los diputados y no fue sometido a discusión.
En el mismo, los diputados solicitarían a Humbert informar si ha comunicado al presidente de la República, Juan Carlos Varela, o a algún dirigente de los partidos políticos su intención de ser candidato presidencial en el 2019.
También pedirían explicaciones sobre el artículo 155 de la Constitución, que indica que los diputados de la Asamblea Nacional solo pueden ser investigados por la Corte Suprema de Justicia, y si sus asesores le han comentado de las implicaciones en su incumplimiento de esta norma constitucional.
De igual manera, pedirían a Humbert informar sobre qué otras investigaciones de auditoría realiza o si tiene en mente realizar otra contra este Órgano del Estado.
NUEVA AUDITORÍA
Fuentes legislativas aseguran que en días pasados el contralor de la República remitió una nota a la presidenta de la Asamblea, Yanibel Ábrego, comunicándole su intención de auditar la Planilla 080, con la cual los diputados pueden contratar personal de apoyo.
Precisamente, ayer, un día después de conocerse de las intenciones del pleno de citar al contralor, Ábrego se reunió con Humbert en horas de la mañana en la Contraloría.
La presidenta de la Asamblea, al ser consultada vía mensaje de texto en torno a si el cuestionario iba a ser sometido a discusión en el pleno, respondió enfáticamente que no.
Sin embargo, no ofreció respuesta alguna en relación al pedido de Humbert de auditar la Planilla 080.
Esta es la planilla a la que justamente hace referencia el diputado y presidente del Partido Panameñista, José Luis Varela, que se incrementó de 4 mil a 30 mil dólares mensuales, para que cada diputado contrate personal de apoyo.
Según Varela, la presidenta de la Asamblea Nacional ha estado presionando y chantajeando a la bancada panameñista y como represalia de la nueva mayoría legislativa ‘no se les está dando contratos a un gran porcentaje de diputados de la bancada panameñista'.
PROCESO
¿Pero qué hay detrás de las intenciones de citar al pleno al contralor Humbert?
Para el diputado panameñista José Antonio Domínguez, esta propuesta de citación no tiene otro objetivo que asustar e intimidar al contralor y no descartó que se pueda estar armando un proceso para promover la remoción del contralor.
‘Aquí hay muchas cosas que se tienen que examinar. Todo esto tiene que ver con las auditorías, y también que la presidenta de la Asamblea quiere más plata, a pesar de tener el presupuesto más alto de la historia', dijo.
El presupuesto de la Asamblea en el primer año de este periodo de gobierno fue de $60 millones, pero actualmente alcanza los $122 millones.
REMOCIÓN
Aunque la Asamblea Nacional nombró al contralor Humbert el 26 de noviembre de 2014, no es este órgano del Estado el facultado para removerlo del cargo. No obstante, sí pudiera iniciar un proceso en su contra.
De acuerdo con el artículo 279 del Capítulo 3 de la Constitución, el contralor y el subcontralor nombrados por un periodo igual al del Presidente de la República, no podrán ser suspendidos ni removidos, sino por la Corte Suprema de Justicia, en virtud de causas definidas por la ley.
El secretario general del PRD, el diputado Pedro Miguel González, expresó que desconocía del cuestionario hasta que lo vio en las redes sociales.
Tras conocer el contenido del mismo, consideró que varias preguntas no le parecían pertinentes. ‘Este cuestionario no satisface lo que requiere saber la Asamblea Nacional y la ciudadanía sobre las funciones de la Contraloría', enfatizó.
Aunque no descartó una futura citación a Humbert como una de las facultades de la Asamblea, rechazó que exista la intención de promover su remoción del cargo.
PÉREZ BALLADARES CUESTIONA RECHAZO DE TRASLADOS
El expresidente de la República y miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Ernesto Pérez Balladares calificó como un abuso injustificado la decisión de algunos diputados miembros de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, de rechazar traslados de partidas de algunas instituciones estatales.
‘Entiendo y acepto que en democracia le corresponde a la Asamblea jugar el rol como fiscalizador de la gestión del Ejecutivo, sin embargo, si no hay justificación para no aprobar las transferencias de partidas, es un abuso injustificado por politiquería', afirmó el exmandatario.
Ayer diversas entidades cuestionaron la acción de diputados del PRD y Cambio Democrático (CD), quienes el pasado martes rechazaron varios traslados de partidas por más de $21 millones para diversas obras gubernamentales.
En un comunicado el Ministerio de Salud informó que los cuatro traslados rechazados a la entidad, tenían como fin mantener un buen ritmo de construcción en el Hospital de Bocas del Toro (en Isla Colón), crear el nuevo Instituto Conmemorativo Gorgas, hacer pagos de obras en la planta de tratamiento de aguas residuales de Juan Díaz y construcción de pozos en distintas comunidades del país.
El Ministerio de Gobierno, al cual también se le rechazaron varios traslados, se sumó a las críticas a los diputados de la mayoría legislativa, al negar las partidas para el mantenimiento integral de la cárcel La Nueva Joya , el nuevo centro penitenciario de Chiriquí y el suministro de equipos computacional para el Sinaproc.
Al Ministerio de Seguridad Pública también se le negaron traslados y pidió a los diputados de esta comisión poner al margen las diferencias político partidistas a lo interno de este órgano del Estado y que ‘no se le dé matiz político a la consideración de trámites administrativos ordinarios que obstaculizan el normal funcionamiento institucional'.
FUENTE: Gustavo A. Aparicio O. - http://laestrella.com.pa
