El procurador de la Administración, Rigoberto González, presentó ante la Sala Tercera de la Corte Suprema un recurso de apelación en el que pide que se revoque la admisión de la demanda promovida por Abdul Waked.El comerciante pretende que se condene al Estado, a través del Banco Nacional de Panamá (BNP), a pagarle poco más de mil 268 millones de dólares, por supuestos daños y perjuicios.
González sostiene que la demanda admitida el pasado 23 de agosto por el magistrado ponente Abel Zamorano es “improcedente” y que la misma no es competencia de la Sala Tercera. Waked alega que fue presionado por el Gobierno y el BNP, entidad que actuó como fiduciario del fideicomiso al que traspasó Soho Mall en julio de 2016, tras ser incluido en una lista sancionatoria del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Procurador: demanda de Waked contra BNP prescribió
El procurador de la Administración, Rigoberto González, solicitó a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que revoque la decisión mediante la cual admitió la demanda que presentó Abdul Waked, para que se condene al Estado panameño, por conducto del Banco Nacional de Panamá (BNP), al pago de mil 268 millones de dólares en daños y perjuicios, daño emergente, daño moral e intereses.
La solicitud del procurador está incluida en el recurso de apelación que presentó el 18 de octubre de 2018 y en el que pidió al magistrado presidente de la Sala Tercera, Abel Zamorano, que revoque la decisión del 23 de agosto de 2018 que él mismo adoptó, como magistrado ponente, de admitir el reclamo de Waked.
Sustento y presiones
El procurador señala que el demandante “no sustenta de forma razonada y suficiente” los conceptos de las disposiciones legales que considera le fueron vulneradas.
En su demanda -presentada formalmente el 23 de mayo de 2018-, Waked alega la supuesta violación de, al menos, una docena de artículos de varias leyes y códigos, tras la firma de un fideicomiso al que traspasó el centro comercial Soho Mall, en julio de 2016. En esta transacción, el BNP actuó como fiduciario.
“El apoderado judicial del demandante [el exmagistrado Arturo Hoyos], más allá de realizar un análisis jurídico en relación con las actuaciones del BNP que le ocasionaron supuestos daños y perjuicios, únicamente se limita a formular apreciaciones subjetivas basadas en recuentos mediáticos y supuestas conductas de indebida presión sobre su representado al momento de la celebración del fideicomiso”, indicó González en el recurso que entregó a Zamorano.
Más de dos años después de haber firmado el fideicomiso, Waked alegó que lo hizo por “presión” del Gobierno y el BNP.
La figura del fideicomiso fue la alternativa propuesta por los bancos acreedores de Soho Mall, después de que el centro comercial y el propio Waked fueron incluidos en la Lista Clinton de actividades ligadas al lavado de dinero y el narcotráfico, elaborada por la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense.
Estados Unidos prohíbe que sus ciudadanos y empresas mantengan relaciones comerciales y financieras con las entidades listadas.
Waked transfirió los activos a un fideicomiso el 1 de julio de 2016, y el 14 de junio de 2017 Estados Unidos retiró las sanciones a Soho Mall
González sostiene que si es cierto que Waked no suscribió el fideicomiso de forma voluntaria, sino “producto de la directa injerencia de miembros del Órgano Ejecutivo y del BNP, como señala su apoderado, entonces estaríamos ante un vicio del consentimiento, materia que, en todo caso, no es propia de ser analizada en la jurisdicción contenciosa administrativa”.
El fideicomiso de Soho Mall se constituyó luego de que tal medida fue aprobada por las respectivas asambleas de accionistas de las sociedades Leemart Property, Ltd. y Troll Properties, Inc., controladas por Waked.
González también alega que el reclamo ya prescribió, puesto que el Código Civil, en su artículo 1706, señala que la acción civil para reclamar indemnización se vence en el término de un año, “contado a partir de que lo supo el agraviado”.
La resolución de Gabinete que designó a la comisión ministerial para adoptar decisiones relacionadas con las personas y empresas incluidas en la Lista Clinton fue firmada el 3 de junio de 2016. El 1 de julio de ese año, se suscribió el contrato de fideicomiso con Soho, y el 5 de junio de 2017, los activos fueron vendidos a un grupo inversionista mexicano.
El procurador remarcó que, en cualquiera de las tres fechas citadas en el párrafo anterior, ha transcurrido más de un año y que la sola presentación de la demanda -el 23 de mayo pasado- no interrumpe el término de prescripción.
Sala no es competente
Otro punto desarrollado por González en su recurso es que el fideicomiso de Soho es un acto comercial, “estrictamente contractual”, por lo que no se consagra entre las reclamaciones de indemnización que puede atender la Sala Tercera, de acuerdo con los numerales 8, 9 y 10 del artículo 97 del Código Judicial.
El contrato de fideicomiso “no constituye un contrato de naturaleza administrativa, sino más bien un acto netamente de índole civil-comercial, excluido de la competencia de este tribunal”, enfatizó.
“Se trata de gestiones propias del ejercicio de la actividad comercial, de manera que no estamos ante un acto administrativo, sino ante un contrato de fideicomiso cuya naturaleza es netamente comercial”, agregó.
De ese modo, el acto reclamado por Waked no se enmarcaría en ninguno de los numerales del artículo 97 del Código Judicial con respecto a las demandas de indemnización que pueden ser resueltas por la Sala Tercera. Igualmente, el procurador sostiene que Waked sustenta su pedido de indemnización en la resolución de Gabinete que designó la comisión ministerial, pero la misma no ha sido impugnada ni declarada ilegal.
También advierte que, aunque sea impugnada, la resolución es de carácter general y, por consiguiente, “al no afectar derechos subjetivos, se excluye la posibilidad de que el actor pueda reclamar daños y perjuicios”.
Waked, que todavía figura en la Lista Clinton, alega haber sufrido “pérdidas valoradas en mil 268 millones de dólares” producto de la cesión del centro comercial. En su demanda de indemnización aporta un informe de Panamericana de Avalúos, S.A., del 11 de enero de 2016, que fijó en $615 millones el valor comercial de los terrenos y mejoras.
Según Waked, los bancos acreedores –autorizados por el BNP- vendieron la propiedad por $345.6 millones, lo cual “ni siquiera cubría los pasivos, quedando saldos por pagar a acreedores bancarios”.
Otras demandas en la Corte y en EU
El magistrado Abel Zamorano ya negó una demanda de indemnización a Abdul Waked, por $165 millones, presentada contra el BNP, pero por su actuación en el fideicomiso al que se traspasó los almacenes Felix, también como resultado de su inclusión en la Lista Clinton.
En agosto pasado un tribunal de apelaciones de EU confirmó la decisión de la jueza federal Colleen Kollar, de que no se violó el debido proceso al incluir a Waked en la Lista Clinton.
FUENTE: Agencias
