Reconocidos juristas del país cuestionaron al gerente general del Banco Nacional de Panamá, (BNP), Rolando De León, quien afirmó recientemente que, de prosperar ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una demanda civil del empresario Abdul Waked contra la entidad bancaria, esta tendría que declararse en una ‘quiebra técnica'.La afirmación d e De León se dio luego de que la Sala Tercera de la CSJ rechazara un recurso de apelación promovido por el procurador general de la Administración, Rigoberto González, en contra de la admisión de la demanda interpuesta por el empresario al BNP.
En su demanda, Waked exige que el BNP le pague $1,269 millones por daños y perjuicios, tras considerar que hubo una presión ‘indebida' del Gobierno y del BNP en su actuación como fiduciario en dos fideicomisos a los que el empresario traspasó los bienes de Felix B. Maduro y Soho Mall, tras sanciones impuestas por Estados Unidos.
Según De León, si se da el peor escenario (aunque lo consideró improbable), con el monto de la demanda interpuesta por Waked por $1,269 millones y el capital del Banco Nacional de Panamá que supera los $800 millones, no habría manera alguna de hacerle frente a este reclamo, sino declarar en una quiebra técnica a la entidad bancaria.
CRÍTICAS
Las afirmaciones de De León fueron cuestionadas por los expertos jurídicos por un lado, tras considerar como ‘imposible' la quiebra del BNP, y por otra parte, tras considerarlo como un mensaje con el objetivo de predisponer, intimidar o coaccionar al operador judicial.
Para el exvicepresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA) Juan Carlos Araúz, no se puede permitir o tolerar que las instituciones creen un ambiente adverso a quien tiene un derecho legítimo de litigar.
‘Como ciudadanos, nosotros siempre debemos saber que el Estado también tiene que reparar el daño, si lo ha causado; esto no es de coartar vías o de limitar a ningún individuo que pueda contundentemente señalar', indicó.
Araúz expresó que el comportamiento de toda autoridad debiese ser el respeto, ya que el que demanda tiene el derecho de ser oído, a presentar pruebas y a reclamar ante la Sala Tercera, que es el tribunal competente, pero no crear condiciones adversas de predisponer un efecto negativo, cuando lo que busca todo demandante es una respuesta institucional.
Para el exdirectivo del CNA, el Estado panameño no tiene una capacidad de litigar desde el punto de vista de que los litigios se administran, se gerencian, y ‘cuando salen instituciones aisladas a dar versiones, lo que pareciera ser es que sí hay un temor de que esa demanda prospere y cause un resultado'.
Para Araúz, en este proceso ‘a todas luces existen condiciones de anormalidad que permiten establecer este conflicto como algo que tiene que ser dirimido en una instancia judicial'.
De igual manera, Araúz afirmó que no es posible la quiebra del Banco Nacional, e indicó que esta entidad bancaria es del Estado panameño y es el Estado panameño quien en última instancia, por los montos y los valores de que se hablan en este reclamo, tendrá que buscar la fórmula adecuada para respaldar esos créditos, en caso de darse un fallo favorable al demandante.
MENSAJE INCORRECTO
En tal sentido, el también abogado Ernesto Cedeño manifestó que lo expresado por De León fue un mensaje de perturbación en el sentido de que la gente se puede preocupar y puede hasta causar un caos económico en la ciudadanía y en algunos otros países pudiera obligar o motivar a los cuentahabientes a sacar su dinero.
‘El Banco Nacional es el banco receptor de la caja única del Estado. Quebrar el Banco Nacional es quebrar al Estado panameño, eso es improbable y técnicamente es imposible. Fue un mensaje calamitoso, fuera de orden y que pudiera causar perturbación económica en la población', advirtió.
Para Cedeño, la Superintendencia de Bancos, incluso, debió haberse pronunciado al respecto con un llamado de atención al gerente del BNP.
‘Tú no puedes estar causando caos emocional en los cuentahabientes o llevar un mensaje subliminal al operador judicial de que tenga cuidado, que vamos a quebrar. Eso no es correcto', señaló.
En tanto, el jurista Ramiro Guerra explicó que en el Estado panameño el derecho a la tutela judicial es un derecho fundamental de rango constitucional y tutelado por el Convenio Interamericano de los Derechos Humanos.
Con esta norma, detalló, toda persona natural y jurídica que se crea que tiene una pretensión frente a un tercero, sea un particular o el Estado, tiene el pleno derecho de acudir a los tribunales para que, mediando un proceso, se le reconozca lo que se reclama.
Guerra sostuvo que tras la admisión de la demanda del empresario Waked, tocará a la Sala Tercera de la Corte Suprema dirimir el conflicto, previa valoración del caudal probatorio que aporten las partes.
‘Me parece fuera de lugar que desde fuera del proceso se hagan apreciaciones no jurídicas que parecieran ejercer algo de coacción e intimidación contra los magistrados', apuntó.
Indicó que argumentos como que se ha afectado la imagen del centro bancario y que un fallo favorable (a Waked) puede llevar al Banco Nacional a una situación de iliquidez ‘son meras consideraciones metajurídicas', aseguró Guerra.
En tanto, el presidente del Movimiento de Abogados Gremialistas (MAG), Raúl Rodríguez, expresó que cuando alguien ve afectados sus derechos, ante la acción de un gobierno que no ha cumplido lo que establece la Constitución de proteger los bienes y la honra de los ciudadanos nacionales o extranjeros, tiene que actuar.
Precisó que el BNP fungió como fiduciario en un proceso en el que prácticamente despojaron de los bienes al señor Waked.
‘Qué garantías podía tener de que se le estaban preservando sus derechos. Eso más que nada se vio después, cuando se detectó que incluso hubo ciertas componendas, ciertos arreglos en beneficio de terceras personas que ahora vemos que estaban usufructuando de ese gran negociado que se hizo', precisó Rodríguez.
FUENTE: Con información de Gustavo A. Aparicio O. - La Estrella de Panamá
