José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, convirtió su despacho de abogados en un lucrativo negocio a la sombra del poder que la fallecida dirigente popular tenía en la ciudad y en la gestión del Ayuntamiento. El mejor rastro de cómo el letrado se enriqueció durante los años de mayorías absolutas de los populares en la tercera ciudad de España lo han dejado las cuentas de la mercantil Corbín Abogados Sl, con sede en la calle Grabador Esteve, uno de los inmuebles que este martes registraron los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.La mercantil acumuló importantes cifras de facturación durante los años en que Barberá fue alcaldesa que cayeron en picado una vez estallaron los primeros casos de corrupción de la formación de la gaviota hasta situarse en cifras casi testimoniales tras el cambio político registrado en la autonomía y la ciudad en mayo de 2015.
La Fiscalía Anticorrupción sospecha que Corbín utilizó la cercanía a la persona que mandaba con mano firme en el Ayuntamiento de Valencia para obtener mordidas e ingresos de empresas contratistas interesadas en obtener el favor de la Administración local en forma de obras y servicios. Tras más de dos años de investigación, el Ministerio Público ha lanzado una operación con aval judicial por posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos o blanqueo de capitales. Tiene indicios de que el cuñado de Barberá usó su despacho para facturar a terceros por servicios y asesoramientos posiblemente simulados, con facturas falsas. El juzgado ha bloqueado los bienes del abogado, entre ellos una chalet en la urbanización el Tosalet de Xàbia (Jávea) con una superficie de vivienda de cien metros cuadrados que se ubica sobre una parcela de 1.430 metros cuadrados. No han sido bloqueados, por ahora, los activos inmobiliarios de su hija Rita Corbín.
La identidad de las empresas que participaron en este operativo o que realizaron pagos al despacho todavía no ha trascendido, pues la causa está bajo secreto de sumario, pero informes de la UCO ligados al caso Taula señalan cómo Corbín obtuvo ingresos mensuales de hasta 3.000 euros durante varios años de una filial de Laterne, la empresa que el PP local usó presuntamente para financiar campañas electorales y que a su vez recibió fondos de contratistas como Sociedad de Agricultores de la Vega (SAV), FCC o Lubasa, esta última también implicada en los pagos al PP autonómico para las campañas de 2007 y 2008. ->>Vea más...
FUENTE: Con información de VÍCTOR ROMERO - El Confidencial
