Víctor Bautista, director para el Desarrollo y la Integración Fronteriza de la Cancillería, explicó que este grupo va pasar a un esquema de arriendo como cualquier persona, y el gobierno les brindará el pago de tres meses de alquiler en una primera fase, con una evaluación prorrogable por tres meses adicionales.
Indicó que van a solicitar una reunión con el alcalde de Cúcuta, César Rojas, para tratar temas como la convivencia y sobre la forma en la cual se van a ubicar en los arriendos.
“Se ha avanzado con ellos y la mayoría se ha acogido al plan especial de asistencia, eso está a cargo de Migración Colombia, y de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres; y a través de la Cancillería se hace seguimiento”, dijo.
Bautista explicó que los recursos que se han invertido en estos desertores vienen desde el Gobierno nacional, y que no ha afectado el presupuesto de ninguna localidad.
En el país hay 1.400 uniformados venezolanos a los cuales migración les otorgó el Permiso Especial de Permanencia (PEP), documento con el cual pueden acceder a trabajo, salud, apertura de cuentas bancarias.
FUENTE: Con información de quepasa.com.ve