La vía penal se inició después de ocho años de litigios en la jurisdicción civil y a raíz de los indicios de que la multinacional tenía un conocimiento previo de que las prótesis distribuidas tenían fallos e implicaban, por ello, un riesgo de peligro sanitario. Los querellantes, que aseguran que existe indicio de que el peligro se conocía antes de 2005, acusan a altos cargos de la compañía de la comisión de delitos de estafa, lesiones continuadas, contra la salud publica y fraude de sustancias farmacéuticas o medicinales.
Según especifica un auto al que ha tenido acceso El Confidencial, los indicios se basan en la declaración de un testigo clave, el doctor Anthony Nargol, "que podría acreditar el conocimiento de los defectos y de sus gravísimas consecuencias por parte de los responsables en España de su importación y distribución como directivos de la entidad Johnson & Johnson SA". ->>Vea más...
FUENTE: Con información de BEATRIZ PARERA - El Confidencial