‘Habrá que determinar el sentido económico de estas transacciones, si bien la naturaleza alambicada de las mismas, así como la participación de un individuo con antecedentes penales por varios delitos sugiere que pudiera tratarse de algún tipo de operación instrumental de blanqueo de fondos‘, mantienen los agentes de la UCO en sus informes a la Audiencia Nacional. ‘Es llamativo el hecho de que todas estas compras y ventas de participaciones se formalizan por unos escasos valores relativos y que la titularidad de ciertas sociedades como QualitySport es conjunta entre Tecnoconcret y Onlygolf’, explican en relación a las sociedades participantes en esta operativa.
Según los informes del instituto armado sobre un caso todavía pendiente de juicio, la operación arranca en 2006, cuando el Canal de Isabel II, controlado entonces por Ignacio González, decide aprobar una modificación para realizar, en lugar del parque público que estaba previsto, un campo de golf en las instalaciones que la empresa mantiene en el centro de Madrid. Un proyecto del que tanto su hermano Pablo -en prisión eludible con una fianza de 4 millones de euros- como su cuñado Jose Juan Caballero, se beneficiaron, por medio de una empresa llamada Tecnoconcret. ‘Estas circunstancias apuntan indiciariamente a que Ignacio González pudo aprovechar sus cargos en la Administración para desviar fondos públicos a su entorno familiar’, explican los informes de la Guardia Civil. Fue al analizar el baile de pagos, clientes y concesiones que sufrió la empresa participada por Pablo González y administrada por un empresario llamado José Antonio Clemente, cuando los agentes detectaron una serie de operaciones que parecen irregulares por el precio de mercado al que se transfieren las acciones. La primera arranca en 2008 y la última culmina en junio de 2011, con la venta de parte de una filial a una sociedad llamada Ulesal LTD, que estaba representada en España por Vicente Lamarca Sánchez. ‘A este sujeto le constan varias requisitorias’ en las bases de datos públicas ‘de búsqueda, detención e ingreso en prisión por delito contra la salud pública, apropiación indebida y contra la Hacienda Pública’, remarcan los informes remitidos a la Audiencia Nacional. ->>Vea más...
FUENTE: Con información de NURIA LANZA - majadahondamagazin.es