La confesión del investigado se refleja en un escrito que el propio Boye entregó a la jueza María Tardón el 30 de julio, al que ha tenido acceso El Confidencial. "Venimos a efectuar algunas precisiones, en relación a la declaración prestada el día 24 de julio de 2019 [...] en la que se realizan imputaciones contra dos de mis defendidos, Jose Ramón Prado Bugallo [Sito Miñanco] y Luis Enrique García Arango, e incluso contra el letrado que suscribe", explica en el mismo. En un intento de quitar credibilidad a sus palabras, el abogado subraya que el declarante "se encuentra en prisión provisional desde hace 17 meses", pero sus argumentos no convencieron a la jueza: Tardón ordenó este lunes registrar el domicilio y el despacho de Boye en Madrid, tras lo que tendrá que declarar el próximo miércoles ante la Audiencia Nacional.
La investigación en torno a Boye, que también ejerce como abogado de Carles Puigdemont y Quim Torra, se basa así en la incautación de 900.000 euros en el aeropuerto de Madrid-Barajas en febrero de 2017, dinero que se halló en el equipaje de cinco ciudadanos colombianos que regresaban a su país. Según explican fuentes cercanas a la investigación, una de estas supuestas 'mulas' era precisamente la pareja del investigado que incriminó a Boye el pasado 24 de julio, cuando aseguró que el dinero que llevaban a Colombia pertenecía a Miñanco. Lejos de darse por vencido, el investigado apunta a que el capo gallego les pidió entonces reunirse con Boye para que este blanqueara los 900.000 euros y pudieran recuperarlos, encargo que el abogado supuestamente aceptó.
"El investigado ha manifestado que el letrado Gonzalo Boye habría urdido una trama para crear una apariencia de realidad negocial que justificara el origen del dinero incautado, la cantidad de 900.000, a fin de que el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) devolviera el dinero incautado", explica Boye en el escrito que entregó a la Audiencia Nacional. Frente a esta acusación, el abogado asegura entonces que "fue contratado para recuperar un dinero incautado por la autoridad competente y utilizó para ello documentación proporcionada por quien reclamaba en el expediente administrativo", subrayando en todo momento que reclamó "a su cliente que aportara documentación que acreditara el origen del dinero intervenido". En otras palabras: si la documentación que aportó resulta ser falsa, la culpa es de Sito Miñanco. ->>Vea más...
FUENTE: Con información de El Confidencial