“Cuando me despidieron después de volver de la baja no entendía nada. Yo solo había hecho bien mi trabajo”. Mar Uriarte denunció al banco en el que trabajaba, Bantierra Caja Rural de Aragón, por operaciones sospechosas de blanqueo por parte de ciudadanos chinos. Lo pagó con un despido, una depresión y el fin de su carrera profesional en banca: nadie ha vuelto a contratarla. Uriarte relata su calvario junto a su marido en una cafetería del centro de Madrid: “Salvo la Fiscalía Anticorrupción, me han desprotegido todas las instituciones del Estado. Si esto no cambia, nadie va a denunciar”. Además de la salud, Uriarte se ha dejado miles de euros en abogados tanto para denunciar a los directivos de la entidad como para defenderse. Sigue peleando: tiene denunciada a España ante la Comisión Europea por incumplir la directiva de blanqueo.Uriarte habló el 9 de octubre pasado ante un salón de actos a rebosar en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Entre los asistentes, muchos directivos de empresas escuchaban con atención. En breve las compañías de más de 50 trabajadores o con una facturación anual de más de 10 millones de euros van a estar obligadas a tener un canal de denuncias internas y un protocolo que asegure la confidencialidad y la tramitación diligente de la alerta. Después de años de tramitación, la UE acaba de aprobar la directiva que protege a los denunciantes de corrupción tanto en el sector público como en el privado. Los Estados miembros tienen dos años para trasponerla a su legislación.
“La directiva afecta solo al ámbito laboral”, recuerda José María Mollinedo, secretario general del sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). El texto deja fuera las denuncias de terceras personas. No tendría protección, por ejemplo, la persona que denuncia en lugar de un trabajador que no se atreve a hacerlo en su nombre, ni alguien que ha oído en la mesa de al lado de un restaurante una conversación incriminatoria, por más datos, nombres y fechas que pueda aportar. Mollinedo cree que los canales internos en las empresas no van a ser demasiado eficaces, salvo que se refieran a una mala práctica circunscrita a un departamento concreto: “Un trabajador no puede saber cómo de arriba llega la irregularidad que está denunciando”. Pone de ejemplo el caso de Acuamed, la empresa pública investigada en la Audiencia Nacional por el pago de sobornos de constructoras. La denuncia puede dirigirse a lo más alto de la cúpula, el director general, pero este cargo también podría estar involucrado, como ha sucedido presuntamente en Acuamed.
La novedad que mejor valora Mollinedo es la que obliga a los Estados a establecer un sistema de indemnización de daños en caso de que el denunciante, o whistleblower, como se les conoce coloquialmente en inglés, sea acosado o incluso despedido, es decir, si fallan los sistemas de protección. “Las indemnizaciones tienen que ser lo suficientemente disuasorias para no ser utilizadas para despedir a trabajadores incómodos”, dice. Pero, ¿qué es disuasorio? Sin duda, la cantidad no es la misma para una pyme que para una empresa del Ibex 35. “Habrá que ver cómo se traspone la directiva”, dice Mollinedo. El texto de Bruselas establece un marco común, pero cada país puede mejorar las disposiciones que contiene. ->>Vea más...
FUENTE: Con información de ELENA G. SEVILLANO - LAURA DELLE FEMMINE - El País
