El Ejecutivo ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) su real decreto-ley con medidas urgentes destinadas a frenar el desarrollo de la llamada 'república digital catalana', un término acuñado por el independentismo para referirse a los proyectos destinados a crear una infraestructura digital al margen del Estado, desde una Hacienda catalana a un sistema de identificación propio. El 'decretazo' desgrana en 20 páginas las medidas para conseguirlo, y una en especial llama la atención por su agresividad: otorga al Gobierno pleno poder para intervenir "las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en determinados supuestos excepcionales". En otras palabras: podrá intervenir y controlar internet, cerrando webs y servidores sin autorización judicial, si considera que hay un riesgo para el orden público o la seguridad nacional. Un movimiento que muchos juristas consideran inconstitucional.Hace justo 10 años, el abogado David Bravo acuñó el término 'ley de la patada en el router' para referirse a la bautizada más tarde como Ley Sinde, que permitía cerrar páginas web con mínima intervención judicial. "Esto es muy parecido, salvo que más que 'router', aquí hablamos de servidores, de intervenir o tumbar cualquier infraestructura de comunicación si consideran que hay riesgo de orden público. Es una extralimitación y muy probablemente se presenten recursos de inconstitucionalidad", explica a Teknautas el abogado Carlos Sánchez-Almeida.
El 'conseller' de Políticas Digitales y Administración Pública, Jordi Puigneró, impulsor del proyecto de república digital catalana, ya ha calificado el decreto ley de "estado de excepción digital", algo que los juristas rechazan. "Eso es falso, no es un estado de excepción digital, es un decreto de propaganda en época electoral, pero es la misma propaganda que hace la Generalitat. El Gobierno podrá intervenir la red pero siempre habrá posibilidad de impugnar eso judicialmente", explica Almeida. "Habrá siempre control judicial 'a posteriori", señala el abogado e ingeniero de telecomunicaciones Sergio Carrasco.
Carrasco coincide, eso sí, en la extralimitación del decreto ley para otorgar poderes de control de internet al Gobierno. Hasta ahora, la Ley de Telecomunicaciones ya planteaba el cierre de webs e infraestructuras de telecomunicaciones sin autorización judicial previa por motivos de urgencia por razones de "seguridad pública, protección civil, emergencias, defensa de la vida humana o interferencia con otras redes". Ahora, el decreto ley abre muchísimo más las posibilidades, incluyendo el riesgo al "orden público" o “cuando cree graves problemas económicos u operativos a otros proveedores o usuarios de redes o servicios de comunicaciones electrónicas". ->>Vea más...
FUENTE: Con información de MANUEL ÁNGEL MÉNDEZ - El Confidencial
