El caso Villarejo afecta a otra gran compañía. Los agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional que lideran la llamada operación Tándem han descubierto que el agente encubierto trabajó de forma presuntamente irregular para Mutua Madrileña, tercera aseguradora de España. El instructor del caso, el juez Manuel García Castellón, ha decidido abrir una pieza separada para investigar en secreto el contenido de estos encargos ante la acumulación de indicios que cuestionan su legalidad, según han confirmado a El Confidencial fuentes próximas al procedimiento.Las pruebas de la relación de Mutua Madrileña con Villarejo han aparecido entre la documentación incautada al comisario en los registros de sus viviendas y oficinas en noviembre de 2017. Las primeras pistan apuntan a que la compañía, que el pasado año ingresó 5.270 millones de euros solo en concepto de primas, contrató al agente para que rastreara la solvencia o lealtad de al menos tres directivos de la propia aseguradora. La firma había recibido información comprometedora sobre ellos y pidió a Villarejo que los espiara. Ninguno de estos empleados trabaja ya en la empresa, precisan fuentes próximas al caso.
Investigar a directivos de la propia compañía no tiene por qué ser ilegal, pero la Fiscalía sostiene que, cuando Villarejo efectuó esas indagaciones para Mutua Madrileña, en torno al ejercicio 2012, este aún tenía la condición de funcionario en activo de la Policía Nacional y, por tanto, no podía recibir dinero de una empresa privada. No abandonó el cuerpo hasta el verano de 2016, por lo que este episodio podría ser constitutivo de un delito de cohecho. Además, el Ministerio Público sospecha que el comisario empleó métodos poco ortodoxos para obtener información sobre esos tres trabajadores, otro elemento que podría conllevar una imputación adicional por un delito de revelación de secretos, como ya ha ocurrido en otras piezas separadas de Tándem.
En el sumario de la causa ya figuran tres facturas emitidas por Villarejo a Mutua Madrileña en 2012. Como adelantó El Independiente, suman 16.000 euros más IVA y llevan el nombre de Centro Exclusivo de Negocios y Transacciones SL (Cenyt), una de las mercantiles que integraban el grupo empresarial del agente encubierto. En el concepto de estas facturas solo aparecen tres palabras, “Estudios solvencia patrimonial”, que aparentemente no guardan relación con el espionaje a tres directivos. ->>Vea más...
FUENTE: Con información de JOSÉ MARÍA OLMO - BEATRIZ PARERA - El Confidencial
