La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza el ciberataque a la página web del medio de comunicación La Oreja Roja y los hostigamientos contra los periodistas Julián Martínez y Gonzalo Guillén. La FLIP les solicita a las autoridades competentes que implementen las medidas necesarias para proteger a los reporteros afectados.El sábado 7 de marzo en la mañana, el portal digital La Oreja Roja sufrió un ciberataque que afectó el funcionamiento del sitio web durante el fin de semana. Según el diagnóstico del equipo de soporte técnico del medio de comunicación, los daños a la página fueron producto de un ataque dirigido en el que se modificó la configuración para afectar su funcionamiento. El equipo de sistemas del medio de comunicación continúa evaluando los daños para identificar otras posibles vulneraciones.
Ese mismo día en la noche, el periodista Julián Martínez denunció que estaba siendo víctima de hostigamientos luego de que un carro lo siguiera hasta su casa y permaneciera estacionado allí por más de media hora. Esta situación se presentó luego de que Martínez se reuniera previamente con el periodista Gonzalo Guillén. Adicionalmente, este lunes 9 de marzo un hombre estuvo siguiendo a la periodista Diana López Zuleta cerca a su casa. La FLIP tiene conocimiento de que otros periodistas están siendo objeto de seguimientos atípicos e intimidantes.
El ciberataque a La Oreja Roja y los hostigamientos contra los periodistas ocurrieron luego de las denuncias por la participación de José Guillermo “Ñeñe” Hernández en la presunta compra de votos en la segunda vuelta presidencial de 2018. (Ver Seis pistas para leer las revelaciones sobre el Ñeñe y Duque y Periodistas denuncian seguimientos ilegales por caso de 'El Ñeñe')
La FLIP expresa su preocupación por estos hechos y le hace un llamado a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que estos hechos sean tenidos en cuenta en el estudio de riesgo de los periodistas con el fin de implementar las medidas necesarias para salvaguardar su vida y su integridad. La Fundación le solicita también a la Fiscalía General de la Nación que investigue estos hechos con el fin de dar con los responsables y llevarlos ante la justicia.
Las sanciones judiciales en este tipo de situaciones son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Así lo ha dispuesto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre Violencia contra periodistas y trabajadores de Medios: “para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.
La FLIP valora positivamente la disponibilidad de la Procuraduría General de la Nación para brindar acompañamiento a la situación de riesgo que enfrentan los periodistas.
FUENTE: Con información de Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia
