La crisis actual en el mercado de hidrocarburos, acentúa el mediocre nivel de su gabinete de energía. La ignorancia y los condicionamientos ideológicos que arrastran, agravan la precaria situación que vive el gobierno. ¿Podrá cambiar el sentido de esta marea? En condiciones normales, difícilmente el Presidente modificaría su idea estatista, que es anacrónica en el mundo.
No hay que decirse sorprendidos. Todo lo que el Presidente respira y transpira es ideológico. El corifeo que tiene en el gabinete energético, se ajusta plenamente a su forma de pensar, y la idea en el gabinete de energía es que el sector privado ha saqueado los recursos naturales de México. Afirmaciones sin sustento técnico causan tensiones. Recientemente, en una reunión con el sector privado sobre el autoabasto, un modelo que quiere restringir y acotar la secretaria Nahle, empujada por Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, el subsecretario de Energía, Alberto Montoya, se enfrentó con los empresarios y el segundo de la CFE, Mario Morales, dijo que ese era el problema financiero de la empresa. En realidad, el autoabasto representa sólo el 9% en la hoja de balance de la CFE. Los diálogos son de sordos.
Bartlett quisiera expropiar al sector privado lo que tiene y que la CFE se encargue de todo el sector eléctrico. No ha hecho más daño, paradójicamente, porque el país no crece. Si fuera lo contrario, tendría presupuesto para sus experimentos, que habrían llevado a la CFE al déficit, a endeudarse o habría apagones. La realidad que salva a Bartlett no es la del amigo de López Obrador, Romero, en cuya gestión se ha reducido la capacidad de producción petrolera en 7%. Financieramente, el túnel es más oscuro.
La revista Oil & Gas reportó esta semana que la prima por incumplimiento en el pago de obligaciones se elevó 131.5 puntos para alcanzar las 342 unidades, que es el mayor nivel desde septiembre pasado, ante el nerviosismo de los inversionistas por lo que está sucediendo en el mercado petrolero mundial y el último reporte financiero de Pemex que mostró un incremento en su deuda de 92%. Romero está causando bastantes estropicios, algunos de orden legal. El periódico Financial Times reveló esta semana sus intentos por arrebatarle el 50% del contrato de operación del proyecto de uno de los más grandes yacimientos descubiertos en un campo petrolero en la costa de Tabasco, a un consorcio de Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania, además de querer operarlo, pese a su precariedad financiera y falta de experiencia en aguas profundas. Y no es todo.
El 20 de febrero, Romero anunció que el gobierno valoraba la posibilidad de cancelar un contrato a Braskem, filial de Odebrecht, e Idesa, de la planta Etileno XXI, en Coatzacoalcos –la tierra adoptiva de Nahle–, para crear una empresa nacional que produzca polietileno. Braskem-Idesa invirtieron cuatro mil millones de dólares en esa planta que está amenazada. La justificación para hacerlo, según López Obrador, es que incurrió en “prácticas fraudulentas”. Lo que Romero no le ha dicho, es que ese conglomerado obtuvo financiamiento de un grupo de bancos, donde figuró con una de las mayores participaciones el Banco Mundial, a través de la Corporación para el Financiamiento Internacional, que presta a empresas privadas para proyectos de desarrollo. Si cancela el gobierno ese contrato, su problema no será con el conglomerado, sino con los bancos y, sobre todo, el Banco Mundial. Como dice un experto en la industria, “¿qué puede decir el Banco Mundial sobre el gobierno de López Obrador, si al que recomienda invertir en México le hicieron trampa?”.
Las acciones atrabiliarias y politizadas, empapadas en el desconocimiento del mercado, fueron las razones por la que se reunieron la semana pasada de emergencia representantes de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, para expresar sus preocupaciones sobre el plan energético de López Obrador. La principal molestia es el continuo cambio de reglas del juego por parte de este triunvirato, inmerso en un juego de fuerza para imponerse. Lo podrán hacer desde el poder, pero perderán. Las grandes inversiones a largo plazo requieren certidumbre, y ésta la proveen las reglas de juego claras e inamovibles. Si éstas no se dan, como está sucediendo en la relación del trío con los inversionistas, lo que se pone en juego es el respeto a las leyes.
Nahle, Bartlett y Romero carecen de la capacidad técnica, financiera y jurídica para entender a cabalidad lo que están haciendo. López Obrador necesitaría un nuevo gabinete de energía y deshacerse del trío más incompetente de su administración. Si no existiera la turbulencia mundial de hoy en día, esta idea sería imposible. Pero el análisis hoy tiene que ser si con ese triunvirato puede salvar a su gobierno y a su proyecto. De ese tamaño es lo que están destrozando. Es cierto que remplazándolos no resolvería las cosas en el corto plazo, pero daría un mensaje a los inversionistas de que no come lumbre y se ha dado cuenta de los errores cometidos. Compraría tiempo antes de que decidan que México, como inversión, dejó de ser atractivo.
FUENTE: Artículo de Opinión - Raymundo Riva Palacio - El Financiero de México