Jaime Lombana Villalba –abogado del senador Álvaro Uribe Vélez– reconoció ante un juez de control de garantías que sí existe una denuncia en su contra por lavado de activos a través de cuentas bancarias en el paraíso fiscal de la isla de Curazao. Admitió que la denuncia fue hecha por un testigo ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.Lombana Villalba hizo tal reconocimiento el 16 de marzo pasado, en un escrito de impugnación de tutela, ante el Juez 52 del Circuito de Bogotá con Funciones de Conocimiento, al que le solicita echar por tierra una sentencia del 10 de marzo de 2020, emitida por el Juzgado 25 Penal con Funciones de Control de Garantías. Esta última falló en favor del periodista Gonzalo Guillén respecto de publicaciones que ha hecho indicando que el abogado mencionado está incurso en el delito de lavado de activos, tanto en Colombia como en Estados Unidos.
En un intento por negar que haya cuestionamientos en su contra en ese sentido, Lombana optó –al contrario– por revelar y reconocer que la Corte Suprema de Justicia interrogó bajo juramento a un testigo que lo señala de manera clara y precisa de tener 14 cuentas bancarias espurias en un banco de Curazao.
Esta versión coincide con una investigación periodística de Guillén con la que el periodista elevó una denuncia penal ante autoridades federales de Estados Unidos por el delito de lavado de activos a través de siete cuentas bancarias en Curazao, abiertas por Internet a nombre de terceros y cuyo beneficiario principal es Lombana Villalba. Tales cuentas se nutren con el envío de pequeñas y constantes cantidades de dinero (la mayor parte de las veces procedente de Bancolombia), modalidad conocida en los bajos fondos como “pitufeo”.
Los dineros acumulados en esas siete cuentas han sido transferidos –entre otros destinos– a una empresa inmobiliaria de Miami que Guillén identifica plenamente en su denuncia contra Lombana ante autoridades federales.
En una columna de su autoría, publicada en La Nueva Prensa, Guillén expuso sobre aquellas cuentas:
“Fueron abiertas por Internet a nombre de terceros que, con excepción de un solo caso, ignoran que figuran en ellas y de las cuales él es el primer beneficiario y único operador. Se nutren con giros constantes de dinero que salen de Colombia, por lo menos, y terminan preferencialmente en Estados Unidos mediante traslados bancarios en muchos casos a una empresa inmobiliaria perfectamente identificada por mí. No suministro los detalles de la operación debido a que hacen parte de una investigación judicial federal con reserva penal. Tardé algo más de un año investigando el caso y opté por elevar el denuncio cuando descubrí que la Corte Suprema de Justicia había recibido un testimonio bajo la gravedad del juramento de un testigo de primera mano que dijo haber encontrado no siete sino 14 cuentas de Lombana en Curazao, según información que –agrega el testigo– le fue entregada a la Fiscalía General de Colombia, entidad que la engavetó de entrada”.
Guillén agrega:
“Nuestra denuncia fue instaurada en Estados Unidos por dos razones básicas: la corrupción absoluta de la Fiscalía General de Colombia, donde los delitos de Lombana tienen inmunidad (todos los casos en su contra cumplen la misma función que el papel higiénico de los baños del llamado “búnker” o sede central de ese organismo) y porque el delito se cometió en ese país”.
La investigación de Guillén coincide con el reconocimiento de Lombana al aceptar ante un juez colombiano que un testigo avalado por la Corte Suprema de Justicia declaró ante ese tribunal contra él respecto de tales cuentas bancarias.
Es decir, Lombana respalda la publicación del periodista al reconocer que existe un testimonio en su contra y, aún así, pide que se impugne el fallo de tutela que le halló la razón al periodista Gonzalo Guillén.
En su escrito, en busca de impugnación que deberá resolver el Juez 52 del Circuito de Bogotá con Funciones de Conocimiento, Lombana identifica plenamente al testigo, “cosa que yo no he hecho para no poner en peligro su vida. Quiero que esto quede muy claro”, dijo Guillén a este periodista.
“No sé qué clase de impugnación podrá lograr el señor Lombana”, agregó Guillén, “si lo que ha hecho en su escrito es hallarme toda la razón en el sentido de que está incurso en lavado de activos, tanto en Estados Unidos, donde lo denuncié y se lleva una investigación bajo reserva en su contra, como en Colombia”.
De hecho, la Corte Suprema de Colombia compulsó copias a la Fiscalía General de Colombia para que abriera una investigación penal con base en la información entregada por el testigo al que interrogó extensamente bajo la gravedad del juramento.
La información del caso fue llevada a la Fiscalía en una memoria USB, de acuerdo con información de la Corte Suprema de Justicia.
No obstante, la Fiscalía General tiene engavetado ese caso de manera inexplicable.
En el pedido de impugnación Lombana reconoce haber sido denunciado por el testigo y al mismo tiempo sostiene, no obstante, que “no hay investigación en mi contra”.
Asegura que “no tengo cuenta alguna en ninguna isla” y que tampoco ha ido “jamás” a Curazao, lo que no desvirtúa la denuncia de Guillén ni el testimonio del testigo de la Corte Suprema, pues las cuentas fueron abiertas por Internet a nombre de terceros.
La denuncia de Gonzalo Guillén ante las autoridades federales de Estados Unidos incluye el nombre y la ubicación del banco de Curazao y los números de las cuentas, entre otros detalles.
Jaime Lombana anunció en marzo pasado que viajaría de inmediato a Estados Unidos con el objeto de elevar un denuncio (no dijo ante quién ni de qué tipo) por la investigación de Guillén, pero no lo hizo.
El abogado Lombana figuró como fuente en febrero pasado para las emisoras W Radio, regida por Julio Sánchez Cristo (consultar aquí), así como por el locutor Luis Carlos Vélez, de La FM (ver aquí), para desprestigiar el trabajo de Gonzalo Guillen, a quien no se le dio el derecho de réplica.
Nuevamente, los hechos le dan la razón al reportero Guillen y el propio Lombana por su cuenta desmanteló ante un juez la manipulación mediática que hubo para tergiversar los hechos a la opinión pública.
Estos medios de comunicación deberán rectificar la información falsa que emitieron.
FUENTE: Con información de JULIÁN F. MARTÍNEZ - lanuevaprensa.com.co
