La red vincula a exmiembros y miembros activos de la Policía Nacional y del Consejo de Seguridad con esta red que realiza vigilancias, seguimientos y operaciones de información contra funcionarios y adversarios políticos del ex presidente JCV, haciendo referencia, posiblemente, a Juan Carlos Varela.
"Dentro de sus actividades clandestinas destaca la intimidación a personas vinculadas al gobierno actual, principalmente miembros de los estamentos de seguridad del país, funcionarios del Ministerio Público, periodistas y miembros activos del CNS (Consejo Nacional de Seguridad)", detalló el informe que menciona el intercambio de información y manipulación de la cuenta Foco y el auto llamado activista Mauricio Valenzuela.
También reveló que, entre otras informaciones, "mantienen relación con fiscales activos dentro del Ministerio Público, estamentos de la Policía y delincuentes locales del sector de Panamá Este y Río Abajo".
La estructura, de acuerdo con el reporte de inteligencia, estaría financiada por Pinzón, quien mantiene nexos directos con funcionarios activos de la Policía tanto civiles como policiales. "La fuente de inteligencia indica que esta red sirve para cubrir actividades ilícitas realizadas en el periodo de gobierno del 1 de julio de 2014 al 1 de julio de 2019, en el cual ocuparon cargos sensitivos y de importancia para la seguridad del país", reportó el informe en otra de sus partes.
Incluso, los recursos de esta red provienen del pago de alijos de drogas que llevan a una conexión con el Cartel de Sinaloa en México, indicó el informe.
Otra parte procede de la estructura criminal del Clan Usuga y una supuesta conexión con el empresario panameño de origen asiático, Tony NG, detenido en la cárcel El Renacer por un caso de supuesto blanqueo de capitales producto del narcotráfico.
Precisamente, NG, a través de su empresa 5.11 Panamá, se hizo de millonarios contratos directos para la compra de uniformes e implementos policiales en la gestión de Pinzón en la Policía Nacional. Más de 20 millones de dólares en uniformes se compraron a la empresa de NG.
El informe también incluye a un exdirector del Senafront y del SPI, quien posiblemente es Eric Estrada. De acuerdo con el reporte de inteligencia, este funcionario logró ingresar contrataciones a través de una empresa colombiana, al Clan Usuga de Medellín. Se le hicieron compras de uniformes y botas para Senafront y el SPI. "De este director la fuente mencionó que entregó armas, municiones, gas lacrimógeno, pasamontañas, chalecos y piezas de armas a pandilleros de San Miguelito y Puerto Caimito en Panamá Oeste.
Mientras fue director del SPI, usando la fachada de inspecciones cuando se instalaba el programa Barrios Seguros, que estableció Varela.
Precisamente, Estrada, siendo director del Senafront, fue vetado formalmente por la Embajada de Estados Unidos, pero el ex presidente Varela no solo lo protegió, sino que lo mantuvo en el cargo a pesar de las advertencias de los estamentos de inteligencia de EE.UU.
El informe, al que tuvo acceso este medio, sostiene que Pinzón rinde informaciones a través de Eric Estrada a JCV y "este gira indicaciones a fiscales, miembros activos y ex miembros sindicalistas para accionar a favor de sus objetivos".
El informe hace varias menciones del uso de cuenta de redes sociales de FOCO para defender a fiscales afines como Aurelio Vásquez. También reporta sobre la reunión que habrían tenido los jefes de los estamentos policiales de Varela: Pinzón, Jacinto Gómez y Rolando López (Picuiro) con Mauricio Valenzuela de FOCO Panamá y MOVIN, antes de que se diera el operativo que desmanteló una supuesta red de tráfico de armas, en donde ellos están relacionados.
El informe sostiene que el objetivo de esa reunión previa a que se conociera el caso públicamente, era afectar al actual director de la Policía Nacional, Jorge Miranda, y a su equipo de trabajo.
La información coincide con el hecho de que FOCO Panamá, a través de Valenzuela, fueron los primeros en reportar que a Picuiro López se le estaba allanando una propiedad que tiene dentro de una finca en la provincia de Veraguas, tratando de ponerlo como víctima. Incluso, nunca cuestionaron cómo un comisionado podría tener varias propiedades y una mansión dentro de una finca en Veraguas, incluso custodiada por más de 10 agentes policiales.
FUENTE: Con información de Panamá América