El pasado 30 de septiembre, Garzón interpuso la solicitud ante el Juzgado Central de Madrid, para unirse al caso en calidad de querellante popular, una figura que consiste en la atribución de legitimación activa para que un ciudadano español pueda ser parte en un proceso judicial penal, aunque no se haya visto afectado directamente por el delito, de forma que la acusación popular no actúa por interés propio, sino en defensa de la legalidad y de la justicia. No obstante, la fiscalía puede oponerse a esta propuesta y el juez es quien tiene la última palabra.
La querella se presenta cuando Martinelli amasa un nuevo proyecto político, la formación del colectivo Realizando Metas, que cuenta con la acreditación del Tribunal Electoral, y para el cual está en busca de firmas.
Para Martinelli, esto se trata de una campaña sucia en su contra y allegados. Luego de consultar a los voceros del expresidente sobre la querella, este colgó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que calificó de 'payaso' al exjuez: “Lo anunciamos, empezó campaña sucia en mi contra, debido al éxito de Realizando Metas. Mis enemigos usan sus contactos internacionales, para que un payaso español meta denuncia temeraria, basada en un refrito de noticias de La Prensa; demandaré civil y penalmente, aquí y allá”.
Aunado a esto, Luis Eduardo Camacho, vocero del exmandatario, indicó “que se trata de una denuncia temeraria porque todo lo que está ahí sobre Ricardo Martinelli Berrocal es falso. Es producto de la desesperación que tienen los enemigos del expresidente en el poder económico y político tradicional, debido al éxito de la inscripción de su partido político. Para esta campaña sucia usaron sus tentáculos internacionales y se basa en un refrito de artículos periodísticos de un medio local”.
Garzón querella a Martinelli porque aduce que a pesar de los señalamientos que le apuntan, este no forma parte de los investigados.
En el escrito, al cual tuvo acceso La Estrella de Panamá, la Fibgar solicita se practiquen seis diligencias puntuales. La primera, que se indague al querellado; que se investigue el patrimonio integral del exmandatario, específicamente todo lo relacionado con los bienes inmuebles identificados.
La fundación que preside Garzón, quien en el pasado abrió causa criminal en contra del expresidente chileno Augusto Pinochet, por presunta implicación en los delitos de genocidio, terrorismo internacional, torturas y desaparición de personas ocurridos en Chile durante la dictadura militar, pretende conocer a fondo el estado patrimonial de Martinelli y de las sociedades que, de acuerdo con la querella, se emplearon para hacer las transferencias internacionales.
Para ello, solicita al juzgado que se oficie a la fiscalía, o al organismo que corresponda, para que informe sobre la situación tributaria, fiscal, cuentas corrientes, bancos y saldos de las sociedades Desarrollo Inmobiliario Ibérico, Goya Capital, Importadora Ricamar, Promotora y Desarrollo Los Andes, Black Incorporate, Development Corp, Silver Wing Corp, Barberena Corp, Las Tablas Development, Agua Dulce Development, Dejavou, HB Engineering, Corp, Treasure Island and Development, S.A Desarrollo La Esquina; Pachira, Mengil, la Fundación Ramali; las fundaciones Marlu, Lemar y Marlen Foundation. De igual forma lo referente al querellado y/o de sus familiares. Entre estos menciona a: Marta Linares de Martinelli; Luis Enrique Martinelli Linares; Carolina Martinelli Linares; Marelisa Garuz, Ricardo Martinelli Linares; Mario Martinelli Berrocal; Francisco Martinelli; Patricia Villanueva Martinelli; Marco Giovanelli; Gabriel Alvarado y Roberto Brin, identificados como supuestos testaferros.
Francisco Martinelli manifestó a este medio que su nombre ha sido mencionado en algunas publicaciones en el pasado, sin embargo, sobre él no pesa proceso alguno o medida cautelar en su contra.
Patricia Villanueva indicó a La Estrella de Panamá que siempre se ha caracterizado por su profesionalismo. “En ningún momento he sido empleada de Importadora Ricamar, y jamás le he girado una instrucción a la licenciada Evelyn Vargas sobre ningún tema. Desconozco por qué dice esto de mí (la querella) y creo que me veré obligada a proceder legalmente. Este tipo de declaraciones juega contra mi honor y mi honra y me defenderé hasta las últimas consecuencias”.
Mario Martinelli, hermano del expresidente, exclamó que su nombre sale a relucir porque en alguna ocasión se le preguntó a Vargas quién era su jefe en el Súper 99, y ella lo señaló.
Una vez se haya identificado que los bienes sean de procedencia ilícita, pide el embargo y decomiso de los mismos y de instrumentos producto del delito, con el fin de asegurar las responsabilidades a que hubiere lugar.
En otro punto, Garzón solicita que se efectúe una Comisión Rogatoria a Panamá para que envíen copias de las declaraciones de Eugenio del Barrio y Julio Casla García, director de zona de Latinoamérica y director de Delegación de Centroamérica, respectivamente, de FCC.
Finalmente aspira a que el juez añada a la querella la documentación que aporta como prueba y en las que recarga la sustentación de los delitos. Es decir, artículos periodísticos y la información del Registro de dos departamentos en España: uno a nombre de Marco Giovanelli, en la calle Argensola, 15, de 154 metros cuadrados presuntamente abonado con dinero proveniente de las coimas de FCC, y el segundo de 390 metros cuadrados en la calle Ruiz de Alarcón cerca de El Retiro, en Madrid, comprado a través de la sociedad Desarrollo Inmobiliario Ibérico. Cabe recordar que dichos inmuebles han sido decomisados por las autoridades panameñas en 2017, por su relación con el caso de sobornos de Odebrecht.
Evelyn Vargas, quien trabajaba para el exgobernante, creó “otras sociedades para Martinelli y dos de sus hijos, con la finalidad de comprar bienes de lujo como yates, un helicóptero, casas y otros bienes” que también pide que se investiguen.
Como parte de la sustentación de los presuntos delitos, el documento cita que en el presente caso se considera que Martinelli es el principal inductor y colaborador necesario de la comisión por parte de empleados de FCC del delito de corrupción en las transacciones internacionales.
“La entrega de la dádiva no solo consiste en 10% del valor de la obra, sino que ha colaborado activamente con actos propios en la realización del hecho, de forma que nos encontramos ante una participación dual que reúne los elementos de la inducción y de la colaboración necesaria”, explica Garzón.
Para el exjuez, existen indicios más que suficientes de la comisión de un delito de corrupción en las transacciones internacionales por parte de mercantiles españolas y a solicitud de un funcionario panameño que se practicaban como condición para conseguir nuevos contratos respecto a importantes proyectos de construcción en Panamá. ->>Vea más...
FUENTE: Con información de Adelita Coriat - La Estrella de Panamá
