Hay señales imborrables de que delegó y no controló. Y algo más grave, los investigadores tienen documentos que prueban que subalternos suyos le advirtieron sobre el desastre en el que podía convertirse la mayor obra de infraestructura del país. Él no hizo nada para evitarlo.
Todo esto mancha el prestigio de Sergio Fajardo como administrador y afecta gravemente la viabilidad de su candidatura presidencial. La pregunta es ¿quién se beneficia con el eventual naufragio de esa aspiración de centro?
Vamos por partes. Desde la imputación de cargos de la Contraloría General contra Sergio Fajardo y otras 18 personas por presunta responsabilidad fiscal en el gigantesco detrimento patrimonial de Hidroituango surgió una campaña sincronizada en redes sociales para pintar a Fajardo como el arquetipo de la corrupción.
En honor a la verdad, el auto nunca sugiere que Sergio Fajardo se haya beneficiado económica o políticamente de esta situación. Cualquier análisis justo tiene que dejar eso claro. Es posible que Fajardo haya metido las patas pero no las manos.
El documento de la Contraloría muestra, en cambio, que como gobernador de Antioquia y miembro de la junta directiva de Hidroituango, Fajardo fue negligente porque delegó en el gerente del Instituto de Desarrollo de Antioquia, Idea, Iván Pérez Salazar, su participación en la junta pero no controló lo que hizo o dejó de hacer su delegado.
El delegado del gobernador -de acuerdo con los investigadores de la Contraloría- no recomendó multar a los contratistas incumplidos a pesar de los retrasos de la obra. Pasó por alto las advertencias de los expertos sobre los riesgos que representaba prescindir de las compuertas o construir un tercer túnel, pese a que esos conceptos aparecían en documentos que estaban a disposición de la junta. Y además no previó las consecuencias financieras de la demora de la entrada en operación de la hidroeléctrica y sus sobrecostos.
No hay una sola comunicación escrita que compruebe que el gobernador Fajardo ejercía control sobre su delegado Pérez.
Fajardo, en su defensa, argumenta que la Constitución le permite a los mandatarios delegar funciones y que la norma establece textualmente: “La delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente al delegatario”. La Contraloría cita jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, según la cual la responsabilidad no desaparece con la delegación.
Más allá de esa discusión hay pruebas de que el gobernador Sergio Fajardo estaba advertido de irregularidades en la obra. Clara Luz Mejía Vélez, su secretaria de gobierno, suministró copia de un informe entregado a Fajardo el 7 de junio de 2013 que contiene estas frases textuales: “El proyecto en su ejecución está atrasado. El contratista de túneles de desviación es un desastre”. ->>Vea más...
FUENTE: Artículo de Opinión – Los Danieles
