Por el poder judicial, de arriba abajo, desde la Corte Suprema enredada y con su expresidente recién condenado por la venta de fallos y el torcimiento de procesos en lo que llaman el asunto del “cartel de la toga”, por el cual acaba de ser juzgado. Y más: porque condenado su expresidente Ricaurte esperan turno tres o cuatro más. Y no digamos por el tercer poder, el ejecutivo, cuyos funcionarios —de los dos gobiernos de Álvaro Uribe, ocho años de estos años veinte, están más o menos casi todos presos: exministros, exsecretarios de la presidencia, exdirectores de los servicios secretos. Y él acusado de veinte delitos. Dos columnistas de prensa (ambas de El Espectador), Cristina de la Torre y Cecilia Orozco, han recordado en estos días los nombres de todos los amigos y funcionarios delincuentes del expresidente Uribe, quienes —desde la cárcel, supongo, tal como otros criminales siguen manejando sus extorsiones y sus amenazas, y sus negocios— siguen delinquiendo por teléfono. Para no hablar de las decenas y decenas de senadores y representantes en el Congreso ya convictos y confesos de otros delitos relacionados, por lo general, con el paramilitarismo. O, más exactamente, con el narcoparamilitarismo. ¿No es eso un GAO, un Grupo Armado Organizado, como los llama este gobierno de Iván Duque tan amigo de las siglas? Eso es el uribismo.
¿Y quién perdió ese respeto institucional? Se lo tacha, despectivamente, de “santanderismo”. Y en efecto mucho tiene que ver con el puntilloso respeto por las normas escritas, mucho más por la forma que por el fondo. Si no desde las honduras de la Colonia (cuando reinaba el aforismo jurídico, o antijurídico, del “se obedece, pero no se cumple”), la cosa viene desde hace tiempos: ya hace más de cuarenta años el presidente López Michelsen hablaba, con la lengua enredada, dificultosamente, de la “desinstitucionalización”, que es una palabra tan difícil de escribir como de pronunciar, pero tan fácil de llevar a cabo. Y su sucesor, Turbay Ayala (en Colombia no medimos las eras por las glaciaciones planetarias, sino por los presidentes), la llevó a cabo con su Estatuto de Seguridad, que violaba todas las reglas constitucionales hasta entonces vigentes.
Otra institución —aunque, digamos, parainstitucional— era la prensa: ese que se ha llamado “el cuarto poder”. Y ahora este gobierno de Iván Duque se dispone a repartirle auxilios. No me atrevo a llamarlos “mermelada”, como llaman a los que derramaba en publicidad el gobierno de Juan Manuel Santos. Porque no son solo los de la propaganda, los de la publicidad, que se han más o menos duplicado bajo Duque, sino subvenciones directas. Y va a entregarles 85 mil millones de pesos a El Tiempo de Luis Carlos Sarmiento, a El Espectador y a Caracol Televisión de los hermanos Santo Domingo, a Carlos Ardila de RCN radio y televisión y el diario La República, a la revista Semana de Gilinski: es decir, a los hombres más ricos de Colombia. ¿Para comprarlos? Para qué, si ya son suyos. O él es de ellos. ->>Vea más...
FUENTE: Artículo de Opinión – Los Danieles
