Gabriel Ramón Jaimes, coordinador de fiscales ante la Corte Suprema de Justicia y el fiscal encargado de absolver a Uribe, también está estrenando absolución. Hace unos días un subalterno de Jaimes, Jorge Hernán Díaz Soto, fiscal delegado ante la Corte, decidió que debía archivar la investigación contra su jefecito por haber incurrido presuntamente en la conducta de falsedad ideológica en documento público. La historia la descubrió la periodista Cecilia Orozco en Noticias Uno y en su columna de El Espectador. Vale la pena que ustedes conozcan detalles adicionales para que puedan disfrutar esta comedia.
Todo comenzó hace diez años. Por aquella época Gabriel Ramón Jaimes actuaba como procurador delegado para la casación penal, a ese cargo había llegado por el dedo poderoso de su protector y correligionario el entonces procurador general Alejandro Ordóñez. Buena parte de la carrera de Jaimes ha ido de la mano de Ordóñez. Cuando quiso ser magistrado o juez, no lo logró porque no alcanzó el puntaje mínimo en la prueba de conocimientos.
En fin, el doctor Jaimes, persona de modestas luces jurídicas, ocupaba un destacado y bien pagado puesto en la Procuraduría de Ordóñez, pero en las funciones de ese cargo no estaba la de extender avales de conducta disciplinaria.
Como es sabido, a diferencia de los particulares que pueden hacer todo aquello que la ley no les prohíba, los funcionarios públicos solo pueden hacer aquello que la ley les autoriza. Y Jaimes no estaba autorizado para extender avales.
Sin embargo se prestó para hacer un favor, lo que en la jerga de las barandas judiciales se llama “un catorce”. A cuenta de nada, sin invocar norma que lo habilitara para hacerlo, Jaimes le contestó una comunicación al director del Hospital Militar Central, el general Ricardo Gómez Nieto, autorizándolo a hacer un contrato con Giomar Patricia Riveros Gaitán. Como si tuviera atribuciones para hacerlo, el arrogante Jaimes escribió: “Avalo la contratación con esta entidad”. La comunicación fue publicada por El Espectador.
En contraste con el aval de Jaimes el certificado de antecedentes disciplinarios de la señora Giomar Patricia Riveros Nieto, que se podía consultar en la página de la Procuraduría General, indicaba claramente que la señora estaba inhabilitada para contratar con el Estado porque la habían condenado el año anterior.
La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia señala que el director del Hospital Militar “contaba con la evidencia obtenida a través de la página web de la Procuraduría relacionada con la inhabilidad que existía contra Riveros, debido a una sentencia condenatoria emitida en su contra en febrero de 2009 por el delito de abuso de confianza, sanción privativa por doce meses (…) y la imposibilidad de contratar con el Estado hasta marzo de 2014”. ->>Vea más...
FUENTE: Artículo de Opinión – Los Danieles
