Entre los hallazgos estadísticos de la comisión se reporta que el conflicto armado dejó 450.666 muertos entre 1986 y 2016. Es decir, un 50 por ciento más que los trajinados 300.000 de la era de la Violencia (1948-1953). Se registraron 50.770 secuestros, 8 millones de desplazados y miles de delitos más (que figuran con la precisión que permiten las circunstancias), desde violaciones y amenazas hasta torturas, despojos y masacres. Pero las estadísticas no pasan de ser números, aritmética. Las secciones más desgarradoras contienen relatos, testimonios, recuerdos vívidos, autobiografías quebrantadas por el dolor y la tragedia.
Sobra decir que un empeño de esta naturaleza no puede ser perfecto. Por eso habría sido importante que el informe suscitara un debate serio. Pero la única respuesta crítica, al menos hasta ahora, es de una aterradora pobreza. En su mayoría, argumentos enclenques, oposiciones deleznables, descalificaciones políticas y ataques personales. Tal vez la violencia verbal nos destruyó la capacidad de debatir inteligentemente. La más contundente contradictora, una columnista dominical, acude a cierta jugadita dialéctica menesterosa consistente en comparar las conclusiones con un bizcocho. Así de sencillo. Con semejante recurso todo símil cabe y da a luz más frases que argumentos. Que carece de rigor científico (quizás el que a ella le sobra); que sus fuentes no son verificables (hay miles de horas de videos, por si alguien duda); que se trata de verdades de Perogrullo que los colombianos ya sabíamos. (No es cierto. Nunca tuvimos la precisión y la certeza que ofrecen las informaciones contenidas al cruzar 112 bases de datos de distintas entidades dedicadas a estudios especializados).
Lo que más preocupa a la periodista y política conservadora es que el informe “excede totalmente sus funciones”, dado que formula recomendaciones a la sociedad y el Estado para evitar que continúe la guerra. Qué curioso: muchos creemos que eso es lo más valioso del estudio: que analiza las raíces del conflicto y propone soluciones. No basta con cuantificar el problema, conviene desmenuzarlo, explicarlo y plantear correcciones. Pero la comentarista del bizcocho aduce que al examinar las raíces de la violencia (pobreza, despojo de tierras, narcotráfico, etc.), el informe desborda su jurisdicción, pues “no tienen ellas relación con el conflicto” (¡!).
La comisión ha respondido a muchas quejas sin sustancia. Que las Fuerzas Armadas no fueron escuchadas (hubo 67 reuniones con los militares). Que los comisionados son comunistas o algo parecido (ninguno de ellos milita en partidos de izquierda o profesa ideología marxista). Que el documento es laxo con la guerrilla (un párrafo condena a las Farc por “ejecuciones extrajudiciales y secuestros donde los secuestrados fueron sometidos a humillaciones, aislamientos y encadenamientos”. ¿Es eso laxitud?).
Interesado en una opinión mucho más respetable que la mía solicité al padre Carlos Novoa, doctor en Teología y profesor de Ética de la Universidad Javeriana, que analizara otras tachas expresadas contra el trabajo. En su amable respuesta, el catedrático menciona, por ejemplo, al periodista Carlos Antonio Vélez, según el cual “el padre De Roux debe apoyarse en la verdad verdadera y no en la que él vende para sus intereses”. Novoa es contundente: “¿Será que el señor Vélez le ha dedicado 50 años de su vida con la generosidad y el rigor de De Roux a investigar la verdad social colombiana?”. Su consejo a Vélez va directo al mentón: “Uno habla de lo que sabe, y de lo que no sabe se calla y pregunta”.
Novoa se refiere también a las críticas de personajes de la derecha (la senadora María Fernanda Cabal, el expresidente Álvaro Uribe), según los cuales la Comisión acusa acusan a soldados y policías de ser culpables de la violencia. “Esta es una difamación, una calumnia —comenta—. El informe prueba todo lo contrario, pues señala así la responsabilidad en la lucha armada: 45 %, paramilitares; 25%, guerrillas; 12% agentes del Estado”. ->>Vea más...
FUENTE: Artículo de Opinión – Los Danieles
