Además, pese a que en casi todas las bancadas hay gente investigada por corrupción, también es verdad que hay más personas honestas que en las composiciones de las últimas décadas.
Se trata, de otra parte, de un grupo no menor de congresistas que tienen un compromiso genuino con quebrar lo que Mauricio García llama el apartheid institucional, es decir, la segregación que impide que millones de personas cuenten con el derecho a tener derechos y las condena a vivir en el desamparo y la pobreza.
Todo eso despierta esperanzas.
Sin embargo, para que el Estado pueda proveer servicios y bienes básicos a esos sectores de manera transparente, eficiente y sostenible, no solo es deseable sino indispensable que el Congreso se tome en serio el artículo 113 de la Constitución y adopte las decisiones para que los órganos de control sean verdaderamente autónomos e independientes de las otras ramas del poder. Me refiero a las llamadas ías: la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría. De la Fiscalía hablaremos luego, pues al fiscal lo elige la Corte Suprema de terna del presidente.
Frente a las ías el Congreso enfrenta dos alternativas: o, siguiendo el modelo Duque, realiza reformas y elecciones destinadas a capturar los órganos de control para lograr su complicidad, lo que viola abiertamente la letra y el espíritu de la Constitución; o cambia las prácticas políticas y elige personas decentes, capacitadas e independientes y adopta las reformas institucionales indispensables para que estos órganos puedan cumplir sus funciones de defensa del interés público. Esta, aunque a primera vista no lo parezca, es quizás una de las tareas más importantes para fortalecer un Estado de derecho y una democracia tan debilitada como la nuestra.
De la Contraloría se ha hablado mucho en estos días. El actual contralor es un funcionario sagaz que, sin ninguna explicación creíble, obtuvo varios títulos universitarios mientras ejercía su cargo. Como ya lo mencioné en una columna anterior, logró colar, protegido por total opacidad, una reforma que inyectó cerca de medio billón de pesos a la entidad, sin estudios que soportaran seriamente la necesidad de semejante gasto y sin ningún resultado alentador. Por el contrario, según reportajes recientes, algunos de sus funcionarios habrían participado en oscuras operaciones que involucrarían actos de corrupción respecto de recursos indispensables para los municipios más golpeados por el conflicto. Tendremos que esperar a que llegue un nuevo fiscal, menos amigo del actual contralor, para que investigue. Si de verdad las nuevas fuerzas políticas quieren un cambio, deben comenzar por elegir a una persona intachable, técnicamente competente e independiente del gobierno en la que todos los sectores puedan confiar. ->>Vea más...
FUENTE: Artículo de Opinión – Los Danieles
