Aún más inconcebible en una sociedad que se supone avanza hacia la paz.
El Gobierno culpa al Clan del Golfo, el minDefensa eleva recompensas, el comandante de la Policía habla de “reductos” y el presidente Duque menciona a cada uno de los cabecillas de los grupos criminales para advertirles que pronto caerán. Palabras al viento que recuerdan recientes partes de victoria. ¿Reductos que matan policías todos los días? ¿Que amenazan con otro “paro armado” como el que paralizó hace poco amplias zonas de la Costa?
La respuesta a esta barbarie criminal no puede consistir en las mismas retóricas condenas del alto gobierno, ni en llamamientos de los altos mandos a que la gente respalde a sus soldados y policías. La solidaridad ciudadana ha sido grande y se vio en los múltiples homenajes a los caídos, pero esta no es suficiente, ni es el problema. El país quiere reacciones convincentes; quiere castigos implacables para los autores materiales e intelectuales de estos asesinatos. Y aunque muchos sicarios y cabecillas han sido dados de baja o extraditados, nada que se logra extirpar un fenómeno criminal enquistado y persistente.
Ni se logrará bajo este gobierno al que se le agotó el tiempo. La semana entrante Duque ya no estará pero dejará el problema, y el recuerdo de sus ambiguas posturas sobre cómo lidiar con los grupos armados ilegales. No solo con clanes del Golfo, Rastrojos, Pelusos y demás grupos y subgrupos mafiosos a los que no pudo someter, sino con los que se pretenden políticos, ya sean disidencias Farc, rezagos del Epl o los eternos elenos, con los cuales nunca hubo —porque no creía en eso, o no lo dejaban— una estrategia seria de negociación y desmovilización.
Cierto es que la proliferación y atomización de bandas armadas traficando, extorsionando y asesinando por todo el país es tal que ni la propia seguridad del Estado sabe con certeza quién es quién. Se asimilan tanto en sus métodos y se cruzan tanto en sus zonas de operación que cualquiera se confunde. El reciente asesinato de la patrullera Leidy Sánchez en el sur de Bolívar fue calificado por el gobierno como una represalia del Clan del Golfo en su “plan pistola” para cobrar golpes sufridos (extradición de alias Otoniel y su hermana entre ellos). Pero conocedores de la zona subrayan la influencia y presencia histórica que allí tiene el Eln. Los indicios de que este grupo está dispuesto a iniciar conversaciones con el gobierno Petro hace pensar que no está en “plan pistola”, aunque con ellos nunca se sabe. ¿Cómo entender que hayan explotado en 2019 un carro bomba que mató a 23 cadetes en la Escuela de Policía cuando se preparaba una reanudación de diálogos y tenían delegación en La Habana? ->>Vea más...
FUENTE: Artículo de Opinión – Los Danieles
